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Gobierno aspira a controlar las formadoras de precios

MARATÓN. El tratamiento del discutido paquete de leyes se prolongó hasta la madrugada.
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Confía en que una vez convertidas en ley, las nuevas normativas lograrán evitar los excesos de los “formadores de precios”, a quienes acusa de fogonear la escalada inflacionaria. Cree que se aprobará en dos semanas el paquete de leyes sobre consumo, que pasó a la Cámara de Diputados.

El oficialismo aprobó en el Senado y giró a la Cámara Baja el paquete de proyectos para regular las relaciones entre consumidores y empresas, y modificar la ley de Abastecimiento.

La iniciativa, que plantea una regulación de las relaciones de producción y consumo con modificaciones a la Ley de Abastecimiento (la más resistida por la oposición y las cámaras empresariales), fue aprobada con 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que la que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios.

En tanto, el proyecto que crea un fuero judicial especial para dirimir conflictos entre usuarios y empresas fue apoyado en la votación en general por la UCR y resultó aprobado con 53 votos a favor y 11 en contra.

El santacruceño Pablo González fue el miembro informante del bloque oficialista y subrayó que “99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas” que no son contempladas por la reforma de la Ley de Abastecimiento siempre que no tengan posición dominante de mercado. “Estamos hablando del uno por ciento”, remarcó el senador, y agregó: “Éstos son los que queremos controlar, no los comercios”.

La peronista federal Liliana Negre fue una de las más críticas al considerar que tiene “violaciones a la Constitución”, como “dar facultades judiciales a un órgano administrativo”, en referencia a la Secretaría de Comercio.

Los detalles de las normas
La iniciativa más polémica autoriza al Estado a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia” y “niveles máximos y mínimos de precios”, además de establecer “niveles mínimos” de producción, comercialización o distribución.

También el Estado podrá exigir documentación y “todo tipo de libros” a las empresas, “en caso de configurarse algunos de los supuestos previstos”, como elevar “injustificadamente los precios”, acaparar materias primas o productos y destruir mercaderías, entre otras conductas.

Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a “fijar precios máximos”. Otro de los proyectos establece la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), que intervendrá en los reclamos “de derechos individuales” de usuarios o consumidores cuyo monto “no exceda” 55 salarios mínimos.

Esta iniciativa también crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, que entenderá en las causas referidas a relaciones de consumo cuando el monto de la demanda no supere 55 salarios mínimos.

Para esto se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una cámara federal y nacional de apelaciones. Por último, el proyecto para crear el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios, que remitirá sus observaciones a la Secretaría de Comercio.

Además, podrá recomendar a la Autoridad de Aplicación (que será designada por el Ejecutivo) el requerimiento de la documentación comercial de una empresa.

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