El senador Pedro Guastavino no descartó que se introduzcan reformas a la iniciativa, lo que obligará a volver para su tratamiento a Diputados. Hubo fuertes críticas de los oradores invitados que participaron del debate en comisión
Aún no está cerrada la discusión del proyecto de ley que prevé la restricción de libertades transitorias y condicionales de los condenados por delitos graves y gravísimos. Aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró la semana pasada que contaba con los votos necesarios para su aprobación, fueron muchas las críticas de los oradores que participaron de la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que se realizó el pasado jueves.
En ese contexto, el senador Pedro Guastavino (PJ/FpV) adelantó que esta semana se reunirán en comisión para definir el dictamen del proyecto que propone modificar la ley 24660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y dejó abierta la posibilidad de que se introduzcan cambios a la iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados.
“Somos la cámara revisora, podemos hacer las modificaciones que consideremos necesarias ”, remarcó.
De ocurrir esto, el proyecto deberá regresar a Diputados, donde podría pasar un tiempo hasta que sea tratado nuevamente.
Pocas adhesiones
El pasado jueves, Bullrich y el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, fueron prácticamente los únicos de una larga lista de expositores que avalaron el proyecto durante su discusión en la comisión de Justicia.
Para la ministra de Seguridad, la aprobación de la ley ayudará a “reconstruir la confianza” en la sociedad, ya que en la actualidad existe “una sensación de impunidad”. Añadió que “hay una necesidad de transformar la política criminal”.
Ferrari, por su parte, expresó que “la víctima está absolutamente abandonada y tiene que tener un rol central en el proceso penal” y recomendó “armonizar” las nuevas modificaciones con el Código Penal: “Enfoquemos el derecho penal desde la víctima para poder cambiar el paradigma”.
Por su parte, representantes de distintas organizaciones, entre ellas el CELS, NiUnaMenos y la Procuración Penitenciaria, argumentaron que la solución definitiva no puede ser incluir más personas en las ya abarrotadas cárceles del país y denunciaron un “oportunismo político” para sancionar esta reforma punitiva.
A su vez, varios legisladores interpelaron a Bullrich acerca de la inversión prevista para el servicio penitenciario y le cuestionaron junto a los expertos las cifras que brindó sobre la temática.
“Agregar más presos a cárceles colmadas no va a favorecer a la rehabilitación de los presos, sino todo lo contrario. Con esta medida habrá una regresión al autoritarismo del servicio penitenciario”, expresó Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación.
A su turno, el juez de Ejecución Penal Marcelo Peluzzi advirtió : “No creo que podamos solucionar con la simple sanción de una ley lo que está sucediendo, no está prevista la creación de más cárceles” y “hoy por hoy no hay lugar en los penales”.
En la misma sintonía, su par Sergio Delgado aseguró que “esta reforma es un golpe de Estado normativo” e indicó que el artículo 14°, que precisa los períodos de tratamiento progresivo del recluso, “provoca la derogación de la libertad condicional incluso en presos por delitos menores ya que se necesita una condena firme para solicitar los regímenes de semidetención y de conseguirlo no le alcanzarían los ciclos penitenciarios para cumplirlos”.
Las cifras
En su último informe, la Procuración Penitenciaria indicó que, en 2016, la tasa de ocupación carcelaria declarada fue de 103 por ciento, es decir, más detenidos que plazas disponibles.
En el Servicio Penitenciario Federal sólo 15 por ciento de los detenidos se encuentra en período de prueba y, de ellos, siete por ciento tiene salidas transitorias, indicó la Procuración.
