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Duros cuestionamientos por la demora en la designación del fiscal General

VACANTE. Alejandro Moyano dejó su cargo en mayo de 2019 y el Ejecutivo no designó a otro jefe de fiscales.
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Se espera un pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba. El ex fiscal Carlos Ferrer advirtió de que la acefalía “es preocupante y repercute en la independencia judicial”. Aseguró que la omisión de Schiaretti en nombrar al jefe de los fiscales constituye “un grave incumplimiento de sus deberes constitucionales”

La vacancia en la Fiscalía General de Córdoba genera preocupación puertas adentro del Poder Judicial, y llama la atención que, a 18 meses de haber quedado acéfala por el retiro de Alejandro Moyano, el gobernador Juan Schiaretti siga sin nombrar al nuevo titular del Ministerio Público.

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El ex fiscal Carlos Ferrer es quien hizo público su malestar por esta situación en una carta que envió a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba solicitando que la institución haga un pronunciamiento público sobre el tema, algo que es inminente.

Meses atrás, en una conferencia que dictó para el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”, relativa a la ley Orgánica del Ministerio Público, el ex fiscal de la Cámara 9ª del Crimen de la ciudad de Córdoba ya había manifestado su preocupación por esta situación. No obstante, en esta oportunidad fue más allá y reclamó una postura institucional sobre el tema.

Aunque la misiva está firmada a título personal, Ferrer no es el único crítico de lo que está sucediendo con el Ministerio Público. En los pasillos de tribunales no son pocos los fiscales que cuestionan la acefalía de la Fiscalía General y las consecuencias que esto trae aparejado.

Silvana Chiapero, titular de la Asociación de Magistrados, adelantó a Comercio y Justicia que la carta enviada por el ex funcionario judicial está entre los temas que serán analizados en los próximos días.

En diálogo con este medio, Ferrer destacó que le llamaba “mucho la atención que el Gobernador demore menos en reemplazar a un jefe de Policía que en designar a un fiscal General”.

En la carta, Ferrer, advirtió de que la Fiscalía General “no puede permanecer inexplicada e indefinidamente vacante como hasta ahora”.

“Su acefalía sostenida en el tiempo es preocupante y no puede decirse que no repercute en la independencia que la debe caracterizar, con potencial afectación de la actuación de todos sus integrantes. Considero que la mora y el silencio del Gobernador de la Provincia para proveer a su cobertura constituyen una evidente anomalía y, cuanto menos, un destrato institucional, porque desde que se encuentra vacante la Fiscalía General, no fue exteriorizada ninguna razón ni se ha invocado motivo extraordinario alguno para no proveer a su oportuna cobertura, consolidando un estado de precarización de la institución”, asegura la misiva.

El exprocurador recordó que el cargo de fiscal General es constitucional unipersonal y, en tal sentido, su vacancia no puede cubrirse con otros pares, como ocurre con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Incumplimiento de los deberes

Para el ex funcionario judicial, la omisión de Schiaretti en nombrar al jefe de los fiscales  constituye “un grave incumplimiento de sus deberes constitucionales”

“La atribución constitucional del Gobernador de la Provincia (que siempre ha sido la misma persona durante todo el período de vacancia) no es la de designar o no a un fiscal General. Es a quién designar”, aclaró.

Entre los cuestionamientos, Ferrer criticó que la Fiscalía General sea hoy “dirigida” por dos de sus tres fiscales generales adjuntos, “autoerigidos en fiscales generales de manera conjunta, indistinta y simultánea (en contradicción con lo dispuesto por el art. 17° de la LOMP 7826)”.

“Si bien la relación entre esos pares coexiste de hecho y transita proactivamente su ejercicio funcional, sin exteriorizar -hasta ahora- posibles disonancias y cuidando de mostrar públicamente armonía y cierta equiparación, esta co-conducción (inconstitucional) parece estar avalada por algún soterrado consenso de innegables aristas políticas (político-partidarias, en este caso), no institucionales”, puntualizó. 

Respecto de las razones políticas para no designar a un fiscal General, Ferrer aseguró que  “sería pecar de ingenuo no admitir, entre otras hipótesis, que el tiempo transcurrido hasta podría especulativamente obedecer a la conveniencia de que semejantes responsabilidades no se personalicen -por ahora- en alguien que tenga el estatus constitucional de ser Titular del Ministerio Público Fiscal, inamovible por un nuevo período de 5 años. En política, las acciones son demostrativas del ejercicio del poder… Y las omisiones o el silencio también”.

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