Durante usurpación no corresponde pagar impuesto Inmobiliario

Lo confirmó el TSJ. Recordó que el contribuyente se vio privado temporalmente del uso de la propiedad y de usufructuar de ella

Al interpretar que con el impuesto Inmobiliario no se grava el solo hecho de la propiedad sino su utilización, la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia de cámara que hizo lugar a la demanda de Urbanor SA en contra de la Provincia de Córdoba.

A su turno, la a quo le ordenó a la accionada que relevara a la parte actora del pago del impuesto Inmobiliario durante el período en que el bien de su propiedad estuvo usurpado -junio de 2014 y junio de 2018-.

Sin éxito, la Provincia recurrió la sentencia de la alzada. Insistió en que la desposesión de un inmueble por usurpación no suprime la condición de contribuyente obligado al pago del impuesto Inmobiliario porque éste es directo y grava la propiedad inmueble.

Los jueces Domingo Sesin, Aída Tarditti y Luis Rubio recordaron que la usurpación del terreno y su duración temporal no estaban controvertidas y que la cámara a quo concluyó que el hecho imponible no acaeció respecto de la actora dada la situación de desposesión.

El TSJ consideró que en el fallo impugnado se explicó que el artículo 164 del Código Tributario Provincial, al referirse al nacimiento de la obligación de tributar el impuesto Inmobiliario, prescribe que aquélla ocurre el 1 de enero de cada año “por el solo hecho del dominio”, y que en el contexto de las particulares y excepcionales circunstancias fácticas de la causa la condición de propiedad o dominio no debe interpretarse en un sentido puramente literal y formal, vacío de contenido, sino ponderando “la marcada finalidad que persigue la institución”, procurando gravar a quien es titular dominial o poseedor a título de dueño; es decir, “a quien es titular de un derecho regular y perfecto del modo expresado”.

Además, reiteró que el derecho de propiedad supone gozar, utilizar y disponer libremente del bien, tanto fáctica como jurídicamente, de modo que el desapoderamiento ilegal realizado de manera coactiva y pública por terceros, en el caso, excluyó a su legítimo titular de la posibilidad de ejercer cualquiera de esos derechos y prerrogativas, “colocándolo en una situación objetiva disvaliosa que es digna de tutela y que debe ser abordada conforme a un auténtico entendimiento de justicia”.

También resaltó que el poder tributario del Estado no es ilimitado sino que está esencialmente condicionado por principios establecidos en la Constitución (igualdad, equidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad, entre otros), así como por los derechos consagrados en ésta y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que no pueden ser transgredidos al momento del ejercicio de las potestades públicas.

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo consideró que si el hecho imponible es constituido por la propiedad inmobiliaria, en línea general hay que entender que el derecho de propiedad es el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente.

Paralelamente, advirtió de que si, por una razón cualquiera, el derecho de propiedad, el título, está separado de su contenido económico esencial en vista del cual se tomó como hecho imponible, el contribuyente no es el propietario sino el que efectivamente se encuentra en la situación económica que constituye el hecho imponible.

Así, determinó que Urbanor SA, como consecuencia de la usurpación del bien de su propiedad, se vio privada del contenido económico esencial de su derecho por causas ajenas a su voluntad hasta que logró su restitución luego de un proceso judicial complejo por la cantidad de familias, los distintos órdenes de gobierno y las diversas reparticiones públicas involucrados.

En función de todo esos argumentos, validó la decisión de la cámara de relevar temporalmente del pago del impuesto Inmobiliario a la accionante por la falta de configuración del hecho imponible durante el período en el que se vio desapoderada de su parcela.

Además, enfatizó el deber de armonizar las facultades tributarias del Estado provincial con el derecho de propiedad de la parte actora, ya que asumir una posición contraria supondría una clara afectación a aquél.

“El Estado está comprendido en esta ley natural de la riqueza: debe subsistir de la renta colectiva de los particulares que la forman, no de sus fondos. He ahí el asiento de toda contribución juiciosa; de toda contribución que sirva para enriquecer la Nación y no para empobrecerla” (Alberdi, Juan Bautista, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853)”, consignó la Máxima Instancia local.