ESCUCHARLa Legislatura Unicameral aprobó ayer, tal como estaba previsto, la creación de una nueva Fiscalía y cuatro secretarías en el fuero Penal, Económico y Anticorrupción; una Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y dos juzgados en Alta Gracia y Río Tercero. Sancionado el proyecto de ley, la expectativa se centra ahora en conocer quién quedará a cargo de la nueva fiscalía y cuándo podrá materializarse.
Respecto de la primera cuestión hay posturas contrapuestas. Por un lado, el ministro de Justicia, Luis Angulo, y el presidente del Consejo de la Magistratura provincial y vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Rubio, coincidieron en que debe llamarse a concurso teniendo en cuenta que los conocimientos que requiere el fuero Penal, Económico y Anticorrupción son especializados.
Lo contrario opinó el fiscal General, Darío Vezzaro, quien insistió en que debe respetarse el orden de mérito del concurso para fiscal de Instrucción que se realizó el año pasado. La decisión final la tomará el Consejo de la Magistratura Provincial, una vez que la ley sancionada sea publicada en el Boletín Oficial.
En caso de que el organismo encargado de la selección de Magistrados y Funcionarios Judiciales opte por respetar el orden de mérito, la decisión se circunscribiría a cuatro postulantes. Según pudo conocer Comercio y Justicia, si bien los dos primeros postulantes en la nómina son Enrique Gavier y Alicia María Chirino, ninguno de ellos asumiría como fiscal Anticorrupción. En el caso de Gavier, éste quedaría como titular de la Fiscalía del Distrito 1, Turno 1 (en la que hoy actúa como reemplazante), mientras que Chirino reemplazaría al fiscal Javier Pradaudde, quien ya inició sus trámites jubilatorios. En este marco, el tercer postulante de la lista y candidato más firme sería Carlos Mariano Antuña, quien actualmente ocupa un cargo de prosecretario en los tribunales cordobeses.
El tiempo que demandará la puesta en marcha de la nueva Fiscalía no puede precisarse con exactitud, aunque se estima que su creación no demandará menos de un año. En primer lugar, dependerá de la decisión que se tome respecto del llamado o no de un nuevo concurso. En caso de que se decida por la primera opción, los plazos para su realización pueden superar los seis meses, dependiendo de la cantidad de postulantes que se presenten para ocupar el cargo.
Además de la selección del candidato, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá asignar un lugar físico (tarea nada fácil dentro los abarrotados tribunales) y un presupuesto acorde para su funcionamiento.
