ESCUCHARIngresaron a la justicia 22 mil expedientes, de los cuales casi 50% termina archivándose luego de seguir los criterios del fallo “Arriola”. El Procunar manifestó la necesidad de reforzar la persecusión penal sobre el tráfico y comercialización de estupefacientes. En la justicia federal de Córdoba, tras la ley de desfederalización, sólo 13% de los hechos está vinculado con la narcocriminalidad
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó esta semana un análisis descriptivo de las causas iniciadas por estupefacientes durante el año 2015 en el ámbito de la justicia federal. Según el documento elaborado por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa de la Procunar, 44% de los 50.317 expedientes iniciados el año pasado corresponde a casos vinculados con drogas. Sin embargo, la mitad de esas causas es por tenencia simple o para consumo personal, lo que refleja una gran incidencia de la persecución de delitos menores en materia de estupefacientes.
Al respecto, en las conclusiones del informe de más de 170 páginas -al que accedió Comercio y Justicia– la Procuraduría especializada subrayó que los casos de tenencia o consumo personal de drogas “rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo ‘Arriola’, y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas causas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al Poder Judicial”.
La Procunar agregó que “pese a haber transcurrido siete años de aquel fallo que exhortó ‘a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país’, la situación no se ha visto modificada sustancialmente”.
Preocupación
El detalle por tipo de delito advierte que el servicio de justicia dedicó esfuerzos a analizar casos de comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, entre otros, de estupefacientes y materias primas (artículo 5, inciso C de la ley 23737) en 41% de los sumarios; tres por ciento corresponde a investigaciones por comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etcétera, de plantas y semillas, y dos por ciento, a investigaciones por violación del artículo 866 del Código Aduanero, que reprime el contrabando de estupefacientes.
El informe detalla que, a partir del año 2012, la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal comienza disminuir, pasando de 38% en 2012, a 33% en 2013, y a 31% en 2014. Esta tendencia se revierte en 2015, retomando a 37%.
Este universo sumado da como resultado que, en 46% de los expedientes, el fuero de excepción busca determinar delitos cometidos por organizaciones criminales de distinta envergadura. En la vereda de enfrente, se ubican los hechos catalogados como tenencia simple (13%) y para consumo personal (37%), ambos previstos en el artículo 14 de la ley de drogas, que acumulados indican que la mitad de los casos son hechos menores. Finalmente, hay cuatro por ciento de los casos catalogado como “Otros”.
El informe concluye que “no puede dejar de advertirse una gran preocupación al analizar la respuesta estatal al fenómeno de las drogas. Cuando se desglosa el real significado de la actividad de todos los organismos del Estado involucrados en la persecución penal, se pone de manifiesto que la respuesta visible a este problema no opera en verdad sobre sus causas, sino en gran medida sobre sus consecuencias.
Recientemente, la comunidad internacional señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos en la persecución respecto del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada, haciendo hincapié en la “adopción de medidas de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de aplicación de la ley más eficaces”, idea rectora sobre la cual debería pensarse el futuro de la persecución penal en la materia.
Es necesario hacer hincapié en que la aplicación de los conceptos de eficacia y eficiencia implican concentrar los recursos del sistema penal en uno de los principales pilares del problema mundial de las drogas: la narcocriminalidad -como una de las mayores manifestaciones del crimen organizado- y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos”.
El caso de Córdoba
En todo el país, se plantearon en el fuero federal 22.020 hechos por drogas.
En Córdoba, antes de la implementación de la Ley de Desfederalización, 66% de las causas iniciadas en la justicia federal investigaban hechos delictivos vinculados a estupefacientes.
Este número descendió drásticamente al año siguiente (de 66% a 22%) como consecuencia del traspaso parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes del ámbito federal al provincial. En 2015, sólo 13 % de las causas está vinculado con el narcotráfico.
Antes de la implementación de la Ley de Desfederalización en el distrito, 74% de las causas iniciadas en la justicia federal investigaba delitos menores (tenencia simple consumo personal), detalló el estudio de Procunar.
