Dictan medidas en favor de defensora que denunció a juez

La Justicia salteña atendió la solicitud de la damnificada, quien había acusado a un magistrado de Familia por supuestos hechos de violencia de género

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta dictó una serie de medidas preventivas a favor de una defensora oficial, quien había denunciado a un juez de Familia por supuestos hechos de violencia de género en el ejercicio de sus funciones.

En autos “B., N. vs. S., V. R. por violencia de género”, la sentencia de primera instancia ordenó al magistrado en cuestión dar trato igualitario a una abogada, en ocasión del ejercicio de sus funciones como defensora oficial y, paralelamente, también le ordenó evitar expresiones verbales o gestuales que pudieren afectar la integridad psicofísica de aquélla, especialmente en las audiencias en las que la letrada participe. Todo ello, en cumplimiento de la normativa internacional protectora de la mujer.

Conflicto

El tribunal de grado resolvió en tal sentido, señalando que existe un conflicto real entre las partes que probablemente se originó en 2018, “sin solución hasta la fecha, no obstante haber transitado la denunciante andamiajes administrativos solicitando su resolución”. Estimó que prima facie correspondía imponer medidas de carácter cautelar y/o preventivo, “atendiendo a la naturaleza de la denuncia efectuada y valorando sobre todo el estado de salud y emocional de la denunciante”.

Ante la vía recursiva intentada por el denunciado, el caso llegó a instancia de alzada, en la que se resaltó la “particular gravedad institucional” de la causa, toda vez que “se denuncia violencia de género y violencia institucional de un juez de familia hacia una funcionaria del Ministerio Público de la Defensa, dentro del mismo ámbito del Poder Judicial de nuestra provincia”.

La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque , añadió que “tal gravedad no se ciñe al aspecto institucional solamente, sino que alcanza a la misma problemática que la situación denunciada genera en el servicio de administración de justicia en cada uno de los procesos en que intervienen denunciante y denunciado”.

El fallo analizó el caso y advirtió un “contexto de vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral o profesional que puede configurar violencia de género, es decir, subsumirse el cuadro fáctico en el tipo específico de violencia descripto en el artículo 5º, inciso 2, y artículo 6º inciso c de la ley 26485”.

Masculinidad

La sentencia destacó también la “posición de poder y de fuerza dados por su propia masculinidad y condición de juez a cargo de las causas” en las que la denunciante interviene. Por todo ello, la cámara decidió confirmar las medidas y disponer también la prohibición de acercamiento y de acceso a las oficinas donde trabaja la mujer.

El decisorio también exhortó que la Corte de Justicia y a la Defensoría General de la provincia “se sirvan adoptar las medidas necesarias y conducentes a efectos de que pueda efectivizarse la medida preventiva de protección ordenada, evitándose la afectación del servicio de administración de justicia en las causas en que intervienen actualmente y pudieren intervenir en el futuro ambos magistrados”.