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Desde 2011, el Consejo de la Magistratura está en un estado de “virtual paralización”

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El documento denuncia que la actividad en el organismo cayó de una manera “alarmante”, lo que ha generado un incremento de vacantes y, consecuentemente, un aumento de jueces subrogantes.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano presentaron el informe “La situación de la independencia judicial en Argentina”, en el cual ofrecieron un panorama sobre los factores que condicionan el accionar independiente de los jueces.

El documento, al que accedió Comercio y Justicia, analiza en detalle la situación del Consejo de la Magistratura de la Nación que – según explican- desde 2011 se halla en un estado de “virtual paralización” que le impide cumplir con sus funciones centrales: designación y remoción de jueces.

“Desde hace varios años su actividad ha decrecido de manera constante, llegando a niveles alarmantes. Ya no cumple con su misión constitucional. En la actualidad, el grado de avance de los procesos de selección de jueces/zas es mínimo, al igual que el de los procesos disciplinarios”, advierte el informe.

Asimismo, señala que la parálisis del Consejo de la Magistratura ha generado un marcado crecimiento de las vacantes y consecuentemente ha causado un incremento en el número de magistrados subrogantes. En la actualidad, 18,5% de los jueces es provisorio.

Además de la disminución en la producción de ternas de candidatos, el informe de la Asociación por los Derechos Civiles destaca que los concursos concluidos entre 2007 y 2012 para cubrir las vacantes en el fuero nacional y en el fuero federal en el interior del país no se desarrollaron en el término establecido en la ley 24937 y sólo 7% los concursos para cubrir vacantes en el fuero federal de la Capital Federal se realizaron durante el plazo legal.

Asimismo, en éste y en el nacional, 40% y 33% de los concursos, respectivamente, demoraron más de 24 meses en concluirse. En relación con el fuero federal, el documento recuerda que muchos de los órganos judiciales que caen bajo su órbita resultan estratégicos y de sumo interés para el poder político.

La mayoría de los cargos que están vacantes en la actualidad se debe a la demora del Consejo de la Magistratura. De los 217 cargos vacantes, 203 se encuentran en estudio en el Consejo de la Magistratura, lo que representa 94% de las vacantes totales. Pese a todo, el documento aclara que la demora en la designación de magistrados no es exclusiva responsabilidad del Consejo de la Magistratura. La Constitución Nacional establece que el Presidente debe nombrar a los jueces federales inferiores con base en una propuesta vinculante del Consejo de la Magistratura, con el acuerdo del Senado, pero la ley no fija un plazo dentro del cual debería enviarse el pliego del candidato al Senado, situación que genera también una virtual demora.

Sanciones disciplinarias
En relación con las funciones disciplinarias, ADC y Poder Ciudadano también denuncian la misma situación de inactividad.

Entre noviembre de 2006 y 2010 el Consejo de la Magistratura aplicó sanciones a 22 jueces y solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la remoción de cinco de jueces, de los cuales cuatro fueron destituidos del cargo, mientras que el restante renunció ante la aprobación de la acusación.

Por su parte, entre noviembre de 2010 y agosto de 2014 se aplicaron dos sanciones disciplinarias y se decidió la apertura del proceso de remoción de dos jueces. De la comparación de ambos períodos se advierte que entre 2010 y 2014 la aplicación de sanciones disminuyó 90% con respecto a la integración 2006 y 2010. “Ello puede significar que últimamente los magistrados/as cometen menos faltas en el desempeño de sus cargos o que el Consejo no ha actuado diligentemente en el proceso de investigación”, explica el documento.

Jueces subrogantes
Según los datos aportados en el informe, el número total de cargos en el Poder Judicial nacional es de 922, de los cuales 172 son jueces subrogantes, lo que representa 18,5%. En 2012, un informe de la ADC relevó que el total de cargos era de 908 y el número de subrogantes 165, lo que daba un porcentaje de subrogancia de más de 18%.

La situación no es nueva. Ya en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió de que aproximadamente 20% de los jueces desempeñaba su función de manera provisoria. En 2010, una investigación reveló que más de 22% de los jueces eran subrogantes y en 2012, la ADC descubrió que este porcentaje era de 18%.

“La ineficiencia -o la falta de voluntad política- para cubrir las vacantes dentro del plazo razonable hicieron que el sistema de subrogancias, concebido para ser utilizado en situaciones excepcionales, se transformara en regla. Asimismo, dado que muchos jueces en actividad, a cargo de sus propios juzgados, suelen actuar como subrogantes en los juzgados vacantes, se afecta notoriamente la eficiencia de la labor judicial ya que un juez tiene que repartir su tiempo entre varios juzgados, lo cual tiene un impacto innegable sobre la calidad del servicio de justicia”, concluye el documento.

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