ESCUCHARLos magistrados se pronunciaron contra la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una causa de una niña abusada por su hermanastro. Lo resolvió el Consejo de la Magistratura en una reunión de plenario. El caso de la jueza Ana María Figueroa no se trató
El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó descontar la mitad del salario, por única vez, a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por su fallo misógino contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña violada.
La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi se originó tras un fallo de los magistrados de septiembre de 2020 en el que, cuando analizaban el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años, atacaron a los médicos que realizaron la ILE, calificándolos de «sicarios» y de «asesinos a sueldo».
Además, los jueces definieron a la ILE como un «método de tortura de la mafia», «rituales de las tribus antropófagas» y llamaron «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.
En la misma sentencia, Anzoátegui y Rizzi decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.
Ante esta situación, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.
El miembro informante del expediente, el consejero senador Eduardo Vischi (UCR), destacó la posturas unánimes de los consejeros sobre las faltas de los jueces y que el dinero de la multa vaya a la víctima.
«Deshonran la profesión judicial», dijo sin eufemismos el representante de los abogados, Héctor Recalde, y en los mismos términos se expresó el consejero diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y mencionó a los organismos y referentes en temas de género que seguían la audiencia.
Una vez conocida la sanción, la abogada Soledad Deza, de MxM, consideró que «es un gran avance que los mecanismos de control jurisdiccional funcionen para sancionar a estos magistrados».
«No es una sugerencia la perspectiva de género, es una obligación convencional y constitucional, y pagar con parte de su jugoso sueldo una multa es un mensaje potente», recalcó la abogada feminista.
En paralelo al descuento de la multa, ambos jueces deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada «Ley Micaela», obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial.
La penalización para Anzoátegui logró el voto unánime de los consejeros presentes en el plenario, salvo el caso de la consejera abogada Jimena de la Torre, exfuncionaria de la AFIP durante la gestión Macri, que se ausentó durante toda la discusión y votó en contra sin fundamentos.
Sin tratamiento
Pese a las especulaciones, en la reunión plenaria del Consejo de la Magistratura no se mencionó el tema de la jueza Ana María Figueroa.
La magistrada tampoco se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 a pesar de contar con el decreto de nombramiento del presidente, Alberto Fernández.
Las miradas están puestas ahora en lo que ocurrirá este jueves, en la Cámara de Casación que tiene previsto realizar un plenario de todos sus jueces para debatir quién ocupará la vacante de la vocalía número 9, que dejó Eduardo Riggi cuando se jubiló.
Mientras tanto, la ONG “Bases Republicanas” presentó una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Fernández por permitir que el Senado trate el pliego de Figueroa cuando la Corte Suprema ya había resuelto que no podía continuar en el cargo. La denuncia es por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
