Defensores del Niño provinciales reclamaron más fondos y medidas protectorias

Letrados de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero hablaron ante la Bicameral del Congreso Nacional. Enfatizaron que la pandemia agravó la situación de los adolescentes y que es necesario poner en marcha políticas públicas

Cinco defensores del Niño provinciales -de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero- expusieron ante la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso Nacional.

Reclamaron reformas legislativas y plantearon la necesidad de mayor inversión presupuestaria para llevar adelante políticas públicas efectivas. [privado]

Los letrados también pidieron que se creen instituciones específicas que trabajen en el cumplimiento de los derechos de la infancia, con el objetivo de que la cuestión no se transforme solamente en algo “declamativo”.

Amelia López, la defensora cordobesa, reseñó que desde que asumió, en 2016, la institución se organizó y se puso en marcha una área que cumple funciones de asistencia, acompañamiento y supervisión, conformada por un equipo multidisciplinario , con abogados, asistentes sociales, psicólogos y mediadores que siguen los casos.

Además, indicó que hay otros equipos; entre ellos, uno encargado de relevar las residencias de niños sin cuidado parental y los centros socio-educativos penales juveniles.

“El contexto de pandemia agravó el sector de los niños, hoy el más vulnerado y vulnerable. Sin embargo, esa problemática está invisibilizada. Son quienes más han sido afectados, quienes más han sido privados de la escuela, de los abuelos, de los juegos, de la vacuna”.

Miguel Molina, defensor del Niño, de Misiones.

López resaltó el trabajo articulado entre los defensores provinciales antes de la elección de la defensora nacional y señaló que la designación de Marisa Graham “marcó un nuevo espacio” en el cual hay “un sistema de recíproca colaboración”.

Además, opinó que es un momento importante para hacer una revisión en torno a cuál debería ser la función y el rol de acompañamiento de la Comisión Bicameral sobre la Defensoría Nacional y “al proceso de federalización de las Defensorías provinciales”, sin superponer actividades.

Por su parte, el defensor de Niños de La Pampa, Juan Pablo Meaca, recordó que al llegar al organismo la primera acción directa que se tomó fue el retiro de los bebés del sistema penitenciario , tema que, según juzgó, “tiene que ser tomado por el Congreso de la Nación”.

En esa línea, enfatizó que la existencia o la permanencia de bebés o niños en los sistemas de privación de libertad de adultos vulnera convenios y normas de derechos humanos.

Abuso sexual

En relación con las intervenciones ante situaciones de abuso sexual infantil, sostuvo que es un tema al que hay que dedicarse, con el fin de “tener reglas claras en todo el país sobre cómo se atiende a la víctima”, cómo se garantizan los derechos del niño y cómo se lo acompañará.

Bajo esa premisa, solicitó modificar el Código Penal (CP), al entender que las penas para abusadores de niños tienen que ser elevadas porque actualmente son escasas y “rápidamente recuperan su libertad, en un delito de alta reincidencia”.

Asimismo, Meaca consideró que “es extremadamente necesaria” una ley de sistema penal juvenil y valoró que es “vergonzoso” que no haya una normativa de fondo y que en las provincias “se termine improvisando”.

La defensora cordobesa opinó que es un momento importante para hacer una revisión en torno a cuál debería ser la función y el rol de acompañamiento de la Comisión Bicameral sobre la Defensoría Nacional y “al proceso de federalización de las Defensorías provinciales”, sin superponer actividades.

Además, enfatizó que “los derechos de los niños son presupuesto”, y que “si no están las partidas garantizadas” todo es “declarativo”.

A su turno, Miguel Molina (Misiones) manifestó que en la sociedad “el niño es considerado como propiedad y no como sujeto de derecho” y que también se lo toma como “inhábil”.

En la misma línea que Meaca, subrayó que “toda decisión tiene un costo” y que si no hay presupuesto para resolver las problemáticas de la infancia, “la cuestión deviene en declarativa”.

“No tengo dudas sobre la necesidad de la creación de las defensorías en todas las provincias”, afirmó, y abogó por la creación de un área específica de la niñez, que representa 40% en su provincia y 36% en el ámbito nacional.

“No tenemos instituciones específicas que se ocupen de los niños” , destacó, y pidió la creación en el ámbito del Senado de una comisión de Niñez y Adolescencia.

Paralelamente, aseveró que “los niños necesitan más del Ejecutivo y del Legislativo y menos del Judicial”.

“El contexto de pandemia agravó el sector de los niños, hoy el más vulnerado y vulnerable. Sin embargo, esa problemática está invisibilizada. Son quienes más han sido afectados, quienes más han sido privados de la escuela, de los abuelos, de los juegos, de la vacuna”, observó.

Analía Colombo, de la provincia de Santa Fe, ponderó el trabajo “articulado” entre los defensores del país y expuso que todos coinciden a la hora de identificar cuáles son los asuntos “transversales y prioritarios”.

“Hay temas que hoy siguen increíblemente invisibles” , se lamentó, y propició que todas las provincias cuenten con defensores o que, al menos, pongan en marcha áreas especializadas en niñez.

Colombo señaló que hay que propiciar que los niños y adolescentes “sean sujetos activos de la palabra”, al entender que se trata de una asignatura pendiente porque “todo está centrado en la decisión de los adultos”.

Estructural

La funcionaria manifestó que la pandemia “profundizó las vulneraciones de derechos” y que “más del 60% de niños y adolescentes del país son pobres”.

“Es estructural que estén en agenda, con temas urgentes y emergentes”, enfatizó.

Además, mencionó el “derecho a una vivienda digna”; pidió por una ley de sistema penal juvenil que “derogue un nefasto decreto ley de la última dictadura militar” y argumentó que “no es posible que hoy los adultos estén en mejores condiciones que los niños y adolescentes”.

Finalmente, el santiagueño Leandro Dubre destacó las dificultades presupuestarias que afrontaba el organismo que, según narró, se encarga “específicamente de resolver casos judiciales”.

Según Dubre, sólo el año pasado se destinaron recursos y, a partir de ello, se está realizando una “concientización e institucionalización de todas las temáticas de niñez”.

El funcionario precisó que actualmente se están abordando “áreas que tienen que ver con la violencia institucional”, a partir del caso de Abigail Jiménez , que reflejó “la vulneración en niños en época de pandemia”.

En ese sentido, narró que se avanzó en un convenio con la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) para la capacitación “en la mirada del niño en las fuerzas de seguridad en todas sus jerarquías”. [/privado]