Deberá indemnizar a empleada que fue despedida en periodo de prueba

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a un reclamo indemnizatorio solicitado por una trabajadora, quien había sido despedida durante el período de prueba .

En la demanda, la mujer argumentó que no fue registrada de manera correcta sobre su fecha de ingreso a trabajar, situación que la colocaba en la órbita del inciso 3 del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Este inciso dispone: "El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período".

En este marco, la trabajadora entendió que debía percibir las indemnizaciones correspondientes a la integración del mes de despido, preaviso y antigüedad . Asimismo, reclamó la procedencia de distintas multas.

La sentencia de primera instancia receptó sólo la sanción indemnizatoria del artículo 80, LCT, por la falta de entrega de certificados de trabajo, lo que motivó que la mujer apelara el fallo.

Deber de registrar

Los camaristas explicaron que si bien en la primera parte del artículo 92 bis de la LCT se expresa que "el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los tres primeros meses de vigencia", no siempre es así.

Es que " el deber de registrar establecido como regla de validez en el numeral 3 no puede sino ser interpretado como ‘deber de registrar regularmente’ , so peligro de extender un beneficio excepcional a un empleador que actúa en fraude a la ley (lo que resultaría en una absurda e inadmisible interpretación)", entendieron los camaristas.

"Esto implica que ese empleador no puede prevalerse de los beneficios que dicho instituto establece a favor de los que cumplen acabadamente con sus obligaciones, entre ellos la eximición de obligación indemnizatoria en caso de disponer la extinción del contrato sin invocación de causa, y la reducción del plazo del preaviso a 15 días", añadieron.

Este contexto normativo no es el que existía en 1979, al dictarse el plenario "Sawady", por lo que consideraron absurdo aplicar esa doctrina plenaria y obtener como resultado que el empleador que viola la ley pueda beneficiarse con su inconducta, cuando es la propia ley la que lo sanciona haciéndole perder ese beneficio.

Por ello, receptaron la apelación e incorporaron a la condena la obligación de abonar la tarifa indemnizatoria del artículo 245, LCT, y la del artículo 232 por el equivalente a un mes de salario .