Cuando aplicar el nuevo código no es retroactividad

En una causa en la cual se dirimían los derechos entre el titular del boleto de compraventa y el acreedor que embargó al titular registral del inmueble, el TSJ cordobés avaló la utilización de la reciente legislación, pues la cuestión no había sido resuelta cuando coexistían instrumentos contrapuestos. [privado] Después de sostener que, válidamente, el juez de mérito pudo de oficio calificar la relación jurídica objeto de litis encuadrándola correctamente desde la óptica de una tercería de mejor derecho aunque se hubiese iniciado como tercería de dominio, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) de Córdoba ordenó que se reenvíe la apelación de la tercerista a una nueva Cámara, a los fines de que se resuelva si le son oponibles al acreedor embargante los derechos nacidos de un anterior boleto de compraventa bajo la visión del artículo 1170 del nuevo Código Civil y Comercial, en razón de que éste ha venido a dar una solución superadora ante la divergencia existente en la cuestión. La tercerista recurrente, Rosa Lina Sacerdoti, sostuvo que la resolución de la Cámara a quo infringió el principio de congruencia, ya que rechazó la tercería de dominio con fundamento en la falta de inscripción registral del boleto de compraventa, omitiendo considerar que el primer juez la admitió como de mejor derecho, ordenando suspender la subasta. El Alto Cuerpo, integrado por Carlos Francisco García Allocco -autor del voto-, María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Juan Sesin señaló que el conflicto “se presenta entre el comprador de un inmueble mediante boleto de compraventa frente al acreedor individual del vendedor que pretende hacer valer sus derechos agrediendo patrimonialmente el inmueble vendido, para lo cual traba medidas cautelares sobre éste”, infiriendo que “corresponde determinar si son o no oponibles al acreedor embargante los derechos derivados de un anterior boleto de compraventa, y en su caso, en qué condiciones”. Evaluación Al analizar el derecho aplicable, luego de una extensa y profunda evaluación de la evolución normativa y las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales, se indicó que “la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994) ha venido a incidir en la solución jurisdiccional que en derecho aquí corresponde otorgar”, considerando que “el nuevo cuerpo legal ha optado por privilegiar la situación del adquirente de buena fe de un inmueble por boleto frente a los posteriores acreedores del vendedor”, por lo cual determinó que “a partir de una interpretación dinámica y evolutiva, corresponde seguir la solución jurídica adoptada por el art. 1170, Código Civil y Comercial”, advirtiendo que “sólo existe un propio y verdadero conflicto de leyes en el tiempo cuando una misma situación o relación jurídica es sujeta a dos regulaciones sucesivas contrapuestas” y razonando que “la oponibilidad o no al acreedor embargante de los derechos derivados de un anterior boleto de compraventa no tenía una respuesta unívoca en la letra de la ley”, por lo cual concluyó que “el nuevo texto, en este caso concreto, vino a salvar la divergencia interpretativa existente”. Luego, el TSJ puntualizó que “la vía procesal idónea para ventilar el derecho del adquirente por boleto de compraventa en la ejecución individual de su vendedor es la tercería de mejor derecho”, acotando que “si hubiera incoado tercería de dominio ello por sí mismo no acarreará el rechazo de su pretensión, ya que ésta válidamente puede ser reconducida oficiosamente por el juzgador como una tercería de mejor derecho” y argumentando que lo que discute el tercerista es “si su derecho a que se le transmita la propiedad del inmueble es o no superior al derecho esgrimido por el embargante”. Tratamiento Finalmente, se sostuvo que “el tratamiento de la acción como tercería de mejor derecho, aún cuando originariamente fuere interpuesta como de dominio, no importe una modificación de los hechos que delimitan la pretensión, ni coloque a alguna de las partes en situación de indefensión”, deduciendo que “sólo implica una calificación jurídica correcta de la litis, lo cual es una facultad y un deber del juzgador”. Por ello, en el fallo se resolvió “reenviar la causa a la Cámara Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre el recurso de apelación que queda pendiente, con ajuste a la doctrina que informa el presente resolutorio”. Autos: “LUNA, LUIS ADRIAN c/ PERALTA DANIEL WALTER - ORDINARIO/CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO - TERCERÍA DE DOMINIO ROSA LINA SACERDOTI - RECURSO DE CASACIÓN (EXPTE 1778337/36)” [/privado]

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