Costas compartidas en denuncia de violencia de género rechazada

El tribunal desestimó aplicar los gastos causídicos a la denunciante, al entender que existieron motivos fundados para apartarse del principio objetivo de la derrota

Por entender que la causa se trató de una denuncia por violencia de género en el ámbito laboral, la cual está regulada por la ley provincial 10401 que establece la gratuidad para la denunciante en el acceso a la justicia, sumado a que aquélla tuvo razones fundadas para entablar dicha denuncia, aun cuando su planteo fue finalmente desestimado, la Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba rechazó e l recurso de apelación interpuesto por el demandado, quien pretendía que se cargara a la accionante con las costas por no haber resultado vencedora de la acción.

La jueza de grado dispuso el pago de las costas por el orden causado, lo que agravió al denunciado y motivó la interposición del recurso de apelación. El impetrante adujo en su embate que el decisorio se aparta del principio general en materia de costas (artículo 130, primera parte del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC) con escasa fundamentación al imponer las costas por su orden, lo que perjudica a su parte y beneficia a la denunciante; que ésta no probó los hechos alegados y la prueba existente demuestra que no se configuraron hechos de violencia de género, por lo que las costas debían imponerse a la denunciante, quien revestía la calidad de vencida en autos.

El tribunal integrado por los vocales Graciela Melania Moreno Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni, al analizar la cuestión, indicó que la ley admite la posibilidad de que el juzgador se aparte de tal regla y disponga liberar al vencido cuando existan razones de mérito para ello.

Del análisis de las constancias de la causa, advirtió de que la señora C. efectuó una denuncia de violencia psicológica por cuestiones de género en el ámbito laboral por parte del señor A., y solicitó que se mantuviera la orden cautelar de trasladarlo a otra dependencia.

Por otra parte, destacó que la sentenciante, luego de hacer mérito de la prueba rendida en la causa, concluyó que la conflictiva planteada entre las partes no podía ser encuadrada dentro del concepto de violencia psicológica por cuestiones de género en el ámbito laboral (cfr. arts. 4, 5 y 6, ley nacional 26485) y ordenó archivar las actuaciones, decisión que se encuentra firme.

Contexto

En ese contexto, vislumbró que lo que motivó el proceso fue una denuncia de violencia de género en el ámbito laboral, razón por la que la cuestión quedó enmarcada en la Ley Provincial de Protección Integral a las Víctimas de Violencia N° 10401, la que es aplicable a los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género. Subrayó que dicho ordenamiento legal dispone que en todas las actuaciones que se generen por aplicación de la ley, debe garantizarse el beneficio de la gratuidad para las personas que sean presuntas víctimas de violencia de género (art. 3, ley 10401).

En esta inteligencia, se destacó que la litigante siempre tuvo razones para litigar con base en una convicción razonable acerca del derecho que invocaba en el litigio y que no surgen de autos elementos de convicción que hagan dudar de su buena fe.

Además, ponderó que los ordenamientos interno e internacional posibilitan a las mujeres víctimas de violencia acceder a la defensa jurídica gratuita y especializada en la temática, para lo cual no es necesario demostrar su situación económican dado que no existe esa limitación (art. 3, ley 10401).