Consideran confiscatoria reducción de sueldo docente

Conceden amparo contra la Provincia a un profesor de Educación Física que se desempeñó en tareas pasivas desde 2009, a raíz de un reemplazo total de cadera. Le redujeron el salario a la mitad [privado] Al seguir los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Tribunal Superior de Justicia en Pleno (Secretaría Electoral y de Competencia Originaria) confirmó la sentencia que admitió la acción de amparo en contra de la Provincia de Córdoba y validó que al actor, quien había perdido el estado docente luego de haber sido reubicado en tareas pasivas, se le abone el mismo haber que cobraba como profesor de Educación Física, al considerar confiscatoria la reducción de 50% de su salario. El accionante, docente de la asignatura mencionada en dos establecimientos de la Provincia, desempeñó tareas pasivas en forma provisoria desde el 26 de junio de 2009. Ello se debió a la patología que cursaba a raíz de un reemplazo total de cadera, en virtud del cual se aconsejaba que no realizara tareas que exigieran esfuerzos físicos y se sugerían tareas pasivas; todo lo cual fue corroborado oportunamente por la pertinente Junta Médica Administrativa. Mediante resolución de fecha 7 de agosto de 2015, el Ministro de Educación dispuso: “Otorgar tareas pasivas permanentes a partir del 26 de junio de 2011 (…) y Declarar la pérdida del estado docente desde la misma fecha”. Decidió además “Disponer que por la Dirección de Recursos Humanos se inicien los trámites pertinentes a los fines de la reubicación escalafonaria del docente…”. El actor se notificó de ello. En cumplimiento de lo ordenado, se concretaron los trámites conducentes a la reubicación del actor, y por resolución dictada por la Secretaria General de la Gobernación con fecha 15 de mayo de 2017, se impuso reubicar al demandante, a partir de su fecha de notificación “en el cargo del Agrupamiento Administrativo Categoría A-7 (16-007), debiendo cesar a partir de idéntica fecha en dos (2) cargos de Maestro de Materia Especial que posee”. Señaló el actor que, como consecuencia de ello, se confeccionó el nuevo recibo de sueldo, del que se notificó al percibir el mismo. Ello motivó la interposición de la acción de amparo tramitada en autos en la que, una vez sustanciada, se condenó a la Provincia de Córdoba a abstenerse de disminuir el haber del actor y mantener el que éste percibía al 31 de agosto de 2017. Evidencia A su turno la Sala integrada por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, Nancy Noemí El Hay y Julio Ceferino Sánchez al analizar la casación presentada por la demandada analizó que surgió con cierta evidencia que el hecho atacado, la disminución salarial del actor por un porcentaje superior al 50%, indicando que tal situación revistió las notas de ilegalidad y de arbitrariedad manifiestas exigidas por el ordenamiento constitucional e infraconstitucional aplicable en materia de acción de amparo para determinar su procedencia, tal como lo resolvió la cámara en la instancia anterior. Luego al analizar el marco legal aplicables consideró el Alto Cuerpo la noción de integralidad del ordenamiento jurídico que impone que el mismo se conforma también con la jurisprudencia: esto es, la determinación del sentido y alcance que atribuyen a la norma los tribunales que han de intervenir de ordinario en las causas que al respecto se susciten. Con esa proyección siguió la doctrina sentada por la CSJN, aclarando que si bien es cierto que la autoridad de la jurisprudencia no es siempre decisiva, no lo es menos la evidente conveniencia de su estabilidad, en tanto no se aleguen fundamentos o medien razones que hagan ineludible su modificación. Facultad En ese sentido precisó el TSJ que la jurisprudencia de la CSJN en materia de reubicación escalafonaria por asignación de tareas pasivas permanentes con pérdida de estado docente se enmarca dentro del ejercicio de la facultad de modificación unilateral que caracteriza la relación de función o empleo público y que permite modificar un aspecto del contrato o de la relación estatutaria, aunque no de modo arbitrario, sino en forma razonable y fundado en circunstancias objetivas y generales, que respeten la sustancia de cada relación contractual. A su vez, siguiendo los liniamientos de la jurisprudencia de la CSJN, el Alto Cuerpo de la Provincia consideró que su juridicidad depende de: a) La justificación en razones objetivas de mejor servicio; b) La preservación de las modalidades fundamentales originalmente convenidas, y c) La inexistencia de perjuicio material que redunde en un menoscabo salarial confiscatorio. Bajo esas premisas, el TSJ infirió que en el caso, una disminución que a simple vista supera el cincuenta por ciento (50%) del haber percibido hasta entonces por el actor se muestra claramente confiscatoria en los términos de la jurisprudencia de la CSJN y vulnera uno de los límites que el ordenamiento imponen al ejercicio del ius variandi por parte de la Administración. Autos: "MARANO, RAÚL CARLOS C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA AMPARO (LEY 4915) RECURSO DE APELACIÓN" (expte. SAC n.° 6726889) Descargá el fallo [/privado]

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