Confirman que Gama debe pagar horas extras, pero no por registración incorrecta

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dio por acreditado que las tareas de un vigilador superaban las previsiones de su convenio. Admiten que en el caso no era aplicable la indemnización de la Ley Nacional de Empleo [privado]

Si bien la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la casación interpuesta por la empresa Gama SA en contra de una condena por horas extras, el Alto Cuerpo sí admitió su planteo vinculado a la indemnización del artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo (LNE) y revocó la decisión sobre el punto debido a que la intimación a la correcta registración laboral se hizo cuando la relación laboral ya se había extinguido.

Sobre las horas extraordinarias, la empresa se agravió, afirmando que el demandante se desempeñó como sereno de obra y el a quo soslayó lo previsto en el artículo 12 del CCT Nº 76/75, en cuanto prevé que la jornada de los trabajadores que se desempeñen como serenos será de 12 horas corridas, en tanto no cumplan otros servicios que los de vigilancia o custodia.

Agravio

Los vocales María de las Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicaron que dicho agravio era inadmisible, porque la empresa lo estructuró a partir de “un análisis sesgado de las testimoniales rendidas” a fin de que la normativa referida le resultara favorable.

En ese sentido el fallo señaló que, según la transcripción de los dichos de quienes fueron compañeros y se desempeñaron en la misma función que el demandante, ésta hacía rondas, anotaba en los libros las novedades, entrada y salida del personal de vigilancia y de otras personas, de camiones, de proveedores; realizaba recorrido, ingreso de personal, verificaba si los vehículos tenían las puertas abiertas o cerradas y controlaba edificios y maquinarias .

Por ello, para el Alto Cuerpo quedó demostrado que las labores a cargo del accionante Eugenio Miguel Burget Muñoz no se limitaban a su mera presencia en el lugar sino que, en forma regular, ejecutaba otras, superando las previsiones de la normativa en cuestión.

Crítica

Por otra parte, el TSJ analizó la crítica de la empresa sobre la procedencia de la indemnización del artículo 15 de la LNE, entendiendo que, conforme a ese cuerpo normativo, el contrato de trabajo debe estar vigente al tiempo de la intimación a los fines de la registración.

El objetivo de la Ley Nacional de Empleo es garantizar una suerte de estabilidad temporal del trabajador, en riesgo de represalia por el pedido de que se trata, observando que el contexto circunstancial del caso no puede ser subsumido en dicho marco legal.

Argumentación del TSJ cordobés

Al respecto, para los vocales, se probó que la empleadora comunicó la extinción con fecha 27/02/15 y que el actor envió el requerimiento recién el 03/03/15 en misivas que fueron reconocidas por las partes, lo que implica que el reclamante asumió que, cuando intimó, el vínculo había terminado.

Además, la empresa expuso que en esa oportunidad el recurrente solicitaba también diferencias de haberes, pago de horas extras y aclaración de situación laboral, infiriendo que, tales elementos, obviados por el a quo , reflejaban la ausencia de una directa vinculación entre la solicitud de inscripción y la medida extintiva.

Sobre el particular, el TSJ expuso que la sanción del artículo 15 LNE requiere para su admisibilidad la vigencia de la relación laboral, intimación a la correcta inscripción y relación causal de ésta con la desvinculación, acontecida dentro de los dos años.

En esa dirección, el Alto Cuerpo precisó que el objetivo del sistema es garantizar una suerte de estabilidad temporal del trabajador, en riesgo de represalia por el pedido de que se trata, observando que el contexto circunstancial del caso no puede ser subsumido en dicho marco legal.

El decisorio interpretó que de la reseña efectuada surge que Gama SA aportó el original de la carta documento de fecha 27.02.15, por la cual notificaba al accionante que a partir del 28.02.15 quedaba despedido.

Paralelamente, el fallo resaltó que, desde el inicio del pleito, el accionante admitió que la extinción de las obligaciones contractuales ocurrió en ese momento, al expresar que, por el impedimento a prestar tareas desde el 28.02.15, el 03.03.15 debió requerir a la patronal -junto al pedido de regularización- a fin de que le aclarara la situación laboral.

El Alto Cuerpo señaló que lo expuesto “pone en evidencia que, el a quo en su razonamiento, omitió un elemento que de manera decisiva conspiraba contra la viabilidad del agravante indemnizatorio: que el distracto (28.02.15) precedió al pedido de subsanación registral (03.03.15)”, concluyendo que, “la sola cronología de los acontecimientos descarta la posibilidad de configuración de los requisitos legales antes mencionados”.

Autos: "Burget Muñoz Eugenio Miguel c/ ARA Seguridad SRL y Gama SA - Ordinario - Despido" - Recurso de Casación - 3280191, Trib. de origen: Cám. Única Trabajo, Sala VII

El fallo Descarga

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