Confirman la revocación de la concesión de un puesto en el Mercado de Abasto

El pronunciamiento sostuvo que no hubo arbitrariedad en la valoración de la causa en la que se rechazó el pedido, del ex concesionario, de nulidad de los actos administrativos dictados por el Palacio 6 de Julio

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superio r de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por la firma Catani y Ballarini SRL y confirmó la resolución de la cámara a quo que rechazó la demanda interpuesta por esa empresa contra la Municipalidad de Córdoba, por la que se pretendía el reintegro de la concesión de uso de un puesto en el Mercado de Abasto y se ordenaba el pago de los importes reclamados, en concepto de los supuestos daños y perjuicios ocasionados.

El Alto Cuerpo, integrado por los vocales Aída Lucía Teresa Tarditti, Domingo Juan Sesin y Luis Enrique Rubio, analizó la impugnación presentada por la demandante e indicó que, si bien ésta insistía en que se vulneró su derecho de defensa a partir de la negación de la existencia de un procedimiento administrativo que implicó el desapoderamiento de un derecho, como resultaba la concesión del uso del puesto 320 del Mercado de Abasto Córdoba, esa tesitura soslayó la contundente conclusión expuesta por el tribunal de mérito en la instancia previa.

Decisión

Así planteadas las cosas, el TSJ destacó que en la sentencia recurrida se expresó que “la revocación dispuesta de oficio carece de todo carácter sancionatorio e importa la decisión unilateral por la Administración de extinción de un vínculo jurídico unilateral, por incumplimiento de una obligación reglamentaria de quien es titular de un derecho debilitado o condicionado o precario”.

De lo allí expresado, los vocales derivaron en que carecían de trascendencia las aseveraciones expuestas por la impugnante para fundar “los pretendidos vicios sustanciales que se denuncian” pues de lo expuesto se deduce que la juzgadora ha explicitado las premisas de su razonamiento y justificado sus conclusiones con argumentos que pueden no satisfacerla pero que tornan insuficiente su crítica tendiente a presentar como arbitraria la sentencia recurrida.

Asimismo, en el pronunciamiento del Alto Cuerpo se consideró que la sociedad recurrente no logró brindar sustento a la presunta arbitrariedad que denuncia ni rebatir lo afirmado por el tribunal, ya que omitió aportar precisiones que desvirtuaran la prueba tenida en cuenta por la cámara o acreditaran fehacientemente los extremos considerados en un sentido diferente.

Interpretación

En esa dirección, el TSJ apuntó que, con base en los aspectos fácticos acreditados, la cámara fijó su interpretación mayoritaria y concluyó que no se visualizaba objetivamente en el caso una arbitraria restricción al derecho de defensa de quien no ha incorporado elementos de juicio fehacientes para demostrar la falta de sustento real de los hechos comprobados como causa de revocación de la concesión: ausencia de representantes legales de la firma concesionaria durante el horario de venta y presencia de personas no autorizadas, así como el no pago de la contribución municipal correspondiente.

A ello se sumó que la parte actora no pudo derivar agravio alguno de la revocación por caducidad cuando se autosustenta en otro motivo autónomo, como es el relacionado con el incumplimiento del pago de la contribución municipal antes aludida.

En orden a este aspecto, el Máximo Tribunal destacó que la parte accionante no había alegado ni producido prueba alguna tendiente a acreditar el cumplimiento de la obligación de pago de la contribución municipal de que se trata. “Es decir que el acto de revocación se funda en estrictas razones de legitimidad”, subrayaron los vocales.

Conclusión

En consecuencia y por lo desarrollado, el TSJ validó la conclusión de la mayoría de la cámara a quo, que había sostenido que la decisión administrativa adoptada por el municipio demandado, por medio de su Dirección de Ferias y Mercados, importa la constatación objetiva de una causal de revocación por caducidad del derecho de uso y goce de la concesión, que se encontraba condicionado a la observancia de cada una de las condiciones legales establecidas en el artículo 21 de la ordenanza 8246.

En definitiva, en el fallo se resolvió que de la confrontación de los agravios desarrollados por los recurrentes con las razones que sustentan el fallo, se advertía que éstos procuran descalificar el decisorio impugnado mediante reparos que se hacen cargo en modo insuficiente de los argumentos esgrimidos por la cámara a quo para rechazar la demanda entablada en autos.