ESCUCHAREl Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de apelación. La decisión alcanzó a otros cinco imputados. El empresario tiene todavía la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Antes de concluir el año, el empresario desarrollista Jorge Petrone recibió un duro revés judicial luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió confirmar la condena a cinco años y medio de cárcel que recibió en el marco de la megacausa por las estafas al Registro de la Propiedad.
Pese a todo, Petrone continuará en libertad porque aún le queda otra instancia judicial por recurrir: la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El empresario cordobés fue condenado por la Cámara del Crimen de 10ª Nominación junto con Diego Gastón Oxandaburu, Oscar Abelardo García y los escribanos Alfredo Miguel Enz, María Laura Pace y Ramón Nicolás Ordóñez. Todos fueron acusados de formar parte de una maniobra destinada a apropiarse de un campo de 63 hectáreas en la autopista Córdoba-Carlos Paz.
En esta ocasión, la Sala Penal, integrada por María de las Mercedes Blanc de Arabel, Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio, declaró abstractos los planteos relativos a las prisiones preventivas dispuestas inicialmente por la Cámara, dado que tanto Petrone como García y Pace obtuvieron el cese de dicha medida en marzo, gracias a una resolución favorable del mismo tribunal.
Asimismo, mantuvo las penas impuestas a Enz y a Pace. En cuanto a García, fue anulada parcialmente (era de 3 años y 6 meses de prisión) y ahora fue fijada en 3 años, aunque por ahora sigue libre y el cumplimiento deberá ser determinado por la Cámara 10ª del Crimen.
El TSJ consideró que la Cámara efectuó “un minucioso examen del material probatorio”, que revelaba que Petrone, utilizando recursos humanos y materiales de su actividad comercial y financiera, proyectó y ejecutó la apropiación ilícita de los terrenos rurales denominados “Santa Leocadia”, pertenecientes a la víctima, Munist de Ruiz Orrico.
En ese plan colaboraron confeccionando escrituras públicas ideológicamente falsas, por un lado, Oxandaburu y García, como falsos adquirentes intermedios de dichos predios, y por el otro, Enz, Pace y Ordóñez, en sus roles de escribanos o colaboradores de la cuestión notarial.
