ESCUCHAREl juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, citó a indagatoria a 14 directivos de la cerealera Vicentin, en el marco de la causa que investiga la presunta participación de esa compañía en maniobras fraudulentas. Entre los imputados hay ocho miembros de la familia Vicentin.
Los directivos, algunos en ejercicio y otros con mandato vencido, deberán presentarse entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre próximos.
La primera presentación no será la de un directivo sino de la propia empresa Vicentin SAIC, a través de un representante con cargo directivo al momento de los hechos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) asegura que esa firma solicitó reintegros de IVA Exportación mediante la utilización de comprobantes apócrifos para justificar los pedidos, maniobra que implicaría, por un lado, el aprovechamiento indebido de subsidios respecto de los reintegros percibidos en 2016 y 2017, y por otro, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales para los reintegros percibidos en 2018 y 2019.
El conjunto de la maniobra provocó, según la denuncia de la AFIP, un perjuicio fiscal de $111,6 millones. Más de la mitad de ese valor se acumuló en operaciones de 2016, cuando Vicentin acumuló perjuicios fiscales contra el Estado por casi $68,5 millones.
Además del representante de la cerealera, quien deberá declarar el 1 de noviembre, pasarán por el Juzgado Federal de Reconquista: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto A. Gazze, Máximo J. y Cristian A. Padoan, Martín S. Colombo; Sergio Roberto, Pedro Germán, Roberto Oscar, Herman Roberto, Oscar Silvio, Rubén Darío y Norma Susana Vicentin; y Yanina Colombo Boschi.
En diciembre de 2019, durante los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri, la empresa Vicentin informó que iniciaba un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación económica de crisis que la afectaba, y entró así en default.
La empresa se declaró en una situación de «estrés financiero» debido a que adeudaba 1.350 millones de dólares, de los cuales el principal acreedor es el Banco de la Nación.
