El Consejo de la Magistratura rechazó una denuncia en contra de tres jueces federales, relacionada con el lugar de detención del ex prefecto Héctor Febres, quien murió por ingestión de cianuro antes de que se dictara sentencia en el juicio que enfrentaba por crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Febres fue hallado en su celda el 10 de diciembre de 2007, cuatro días antes del dictado del veredicto.
A su turno, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, denunció a los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, al estimar que fueron quienes permitieron que Febres permaneciera detenido en una base de la Prefectura Naval Argentina en la localidad bonaerense de Tigre. Aparentemente, en tal ubicación el imputado podía utilizar teléfonos celulares y computadoras, recibir -sin limitaciones- visitas de su familia y utilizar instalaciones del edificio para reuniones sociales.
Así, el funcionario les atribuyó a los camaristas presunto mal desempeño de funciones, pero un plenario del Consejo, por unanimidad, desestimó el planteo y recordó que los jueces no tienen a su cargo la custodia de los detenidos. “No surgió ninguna irregularidad de la actuación de los magistrados”, concluyó.
En 2008 el Consejo había rechazado una exposición similar en contra de los mismos magistrados, presentada por Adolfo Pérez Esquivel.
