ESCUCHARLa Cámara Federal de Casación Penal estableció este jueves el orden de las audiencias en las cuales las partes podrán presentar argumentos contra el fallo que dispuso las condenas y absoluciones en el marco de la causa conocida como Vialidad, que se desarrollarán entre el 22 de febrero del 2024 y el 4 de abril del mismo año.
La defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue convocada para el 7 de marzo, oportunidad en la que insistirá con que sea absuelta.
El orden de las presentaciones fue definido esta mañana en una audiencia en el primer piso de los tribunales federales de Comodoro Py encabezada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la que participaron también los representantes de las partes y el fiscal Mario Villar.
El cronograma de audiencias se iniciará el 22 de febrero cuando Villar insista para que a los acusados se les aplique el tipo penal de la asociación ilícita que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 no aplicó cuando dictó la sentencia.
El punto saliente en el cronograma será el 7 de marzo: ese día no solo será el turno de la defensa de Fernández de Kirchner, sino también el de los representantes legales del exsecretario de Obras Públicas José López.
La seguidilla de audiencias, que serán presenciales, tendrá el 29 de febrero a los abogados de Mauricio Collareda y Osvaldo Daruich y el 14 de marzo a los de Raúl Santibáñez, Carlos Villafañe y Raúl Pavesi el 14 de ese mes.
El 25 de marzo será la oportunidad de las defensas de Nelson Periotti y Lázaro Báez; mientras que la última audiencia está fijada para el 4 de abril, oportunidad en la que expondrán los abogados de los exfuncionarios absueltos, entre los que está Julio De Vido.
En abril pasado, la entonces vicepresidenta reclamó a la Cámara Federal de Casación Penal que la absuelva en la llamada «causa Vialidad», al apelar la pena que se le impuso, por considerar que fue «injustamente condenada» con «graves errores y arbitrariedades» y que existe «un supuesto de enorme gravedad institucional».
Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.
Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del TOF 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia en ese aspecto del tercer magistrado, Andrés Basso, cuando el 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta «administración fraudulenta» con «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos»
El veredicto «no cuenta con pruebas directas», advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas.
«Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular», agregaron.
La condena «se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico», advirtieron los abogados.
Durante el juicio, que se extendió por tres años, «quedó ratificado el estado de inocencia» de la exmandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015, habían asegurado los abogados.
