En el transcurso de esta semana, la Justicia federal de Córdoba podría tomar una decisión respecto de los amparos presentados por más de mil vecinos en reclamo de que se frene la suba en la tarifa del servicio gas.
La resolución está en manos del juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, quien envió siete oficios al Gobierno nacional y al Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) pidiendo explicaciones respecto de la manera en la que se está aplicando el aumento.
El fiscal federal Enrique Senestrari avaló el pedido de medida cautelar y consideró que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe ser investigado por haber omitido la audiencia pública y por la presunta incompatibilidad que genera su actividad previa en la empresa Shell -de la cual continúa siendo accionista-. Los primeros amparos fueron presentados por el abogado del foro local Horacio Viqueira, y todos recayeron en el juzgado de Bustos Fierro, quien ya acumula expedientes que, en total, aglutinan a casi mil usuarios, entre clientes residenciales y pequeños comercios.
Cabe recordar que en Villa María el juez Roque Rebak ordenó a Ecogas que refacture los cedulones con aumento, pero coincidiendo con el tope de 400 por ciento dispuesto por Nación para consumo residencial. El amparo colectivo se había presentado con más de mil firmas de vecinos convocados por la Auditoría General.