En una sociedad violenta, las cifras de acoso escolar no dejan de crecer. La legislación vigente, los fallos judiciales y las programas que ponen en marcha los organismos del Estado no resultan suficientes para detener este flagelo
El bullying o acoso entre pares es una forma de violencia, generalmente prolongada, en la que una o más niñas, niños o adolescentes ejercen abuso de poder sobre otros. Este tipo de acoso puede consistir en discriminar, despreciar, intimidar o agredir a otros.
El bullying abarca todas las formas de acoso físico, verbal o social y se realiza de manera intencionada y reiterada. Puede desencadenar trastornos de salud mental que terminan en tragedias evitables.
Se trata de un fenómeno que registra un incremento progresivo e importante en todos los países del mundo. En Argentina, en 2013, hubo 822 casos de bullying denunciados en la Justicia o en los diversos ministerios de Educación, mientras que en 2014 esa cifra subió a 1.192, según la ONG Bullying sin Fronteras. Eso significa un incremento de 45% en sólo un año.
Según un informe de Unicef de 2018, 46% de chicas y chicos de 13 a 15 años sufrió acoso o tuvo una pelea física en el contexto escolar.
Córdoba no escapa a ese panorama. En 2015 un equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), liderado por Griselda Cardozo, exponía que seis de cada 10 adolescentes sufrían acoso escolar. La investigación analizó las conductas de bullying con relación al género y se observó que el porcentaje de agresores es mayor en los adolescentes varones que en las mujeres, pero no se registraron diferencias importantes entre ambos sexos con relación a la cantidad de víctimas y observadores.
El ciberbullying también forma parte de la misma problemática. Una encuesta del Programa de Protección Digital de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba en 2019 -sobre una muestra de 700 niños- reflejó que 31% de los chicos entre 11 y 15 años expresó haber sido víctima de acoso en las redes.
Amelia López, defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba se mostró preocupada por el crecimiento que vienen percibiendo en los casos de bullying en la provincia. Explicó a Comercio y Justicia que en el organismo reciben algunos casos graves en los cuales toman intervención directa.
“Para intervención directa ingresaron el año pasado 15 denuncias y, este año sólo en el primer semestre ya hemos recibido 16”, precisó.
Sobre las causas del aumento en los casos, la funcionaria consideró que “puede deberse a que la violencia ha recrudecido o podemos pensar que el tema bullying se ha hecho más visible y genera preocupación”.
“Todos los casos ingresados son de bullying en el ámbito escolar y están equiparados en número los hechos que tienen lugar en las escuelas públicas y privadas y en nivel primario y secundario. La mayoría de los consultantes es progenitor o familiar directo”, puntualizó la defensora.
López agregó que casi todos los casos detectados incluyeron violencia física.
Adultocentrismo
La defensora destacó un dato preocupante: las intervenciones de gabinetes psicopedagógicos, de convivencia escolar y del Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo (EPAE),resultan en muchos casos deficientes.
Asimismo, alertó sobre el fenómeno de niños y niñas que se encuentran “solos”. “No hay adultos atentos a los vínculos de esos chicos, están entretenidos en otras cosas, no se los escucha”, explicó.
Frente a esta panorama y en un intento por abordar la problemática, la Defensoría realiza talleres en las escuelas que incluyen jornadas de “Navegación segura, grooming y ciberbullying”; un taller de regulación emocional “Sentir para transformarnos”y otro al que denominaron “No más bullying”.
“Estos talleres son muy importantes porque suelen servir como disparadores para que los chicos y chicas digan lo que les pasa y hacer intervenciones”, destacó la funcionaria.
“Depositar toda la responsabilidad en la escuela es un camino simplista”
Débora Imhoff investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de Conicet, reflexiona sobre la problemática del bullying y advierte de la necesidad de que el Estado y la comunidad se involucren para encontrar soluciones a esta problemática
-Los casos de bullying vienen creciendo sostenidamente. ¿A qué lo atribuye?
-Niños, niñas y adolescentes viven en el mismo mundo que vivimos las personas adultas. En ese mundo, cada vez más desigual, hay por tanto cada vez más violencia (violencia estructural, institucional, violencia intrafamiliar, en los vínculos sociales). La desigualdad acarrea muchísimas formas de violencia. Vivimos en un mundo violento y no es extraño que esa hostilidad también marque las interacciones de las infancias.
A veces, el mundo infantil nos parece un mundo aparte, singular, pero a pesar de las particularidades que tiene la experiencia infantil, sus vidas transcurren en este mismo tiempo histórico. Entonces, la mayor frecuencia de situaciones de acoso escolar es también reflejo de las condiciones de época, del mundo en el cual esos niños, niñas y adolescentes transcurren su vida cotidiana. Creo que eso no puede sernos ajeno.
También es preciso decir que, afortunadamente, hablamos cada vez más de estas cosas. Socialmente estos temas están más instalados en las agendas de discusión, y eso hace que miremos con otros ojos un fenómeno que no es nuevo. Es un paso importante en términos sociales: poder darnos cuenta como sociedad de que entre niños, niñas y adolescentes también se producen hechos de violencia, y pensarlos colectivamente. Porque justamente, la respuesta es colectiva. No hay manera de abordar el acoso escolar, el acoso entre pares, si no es como comunidad.
-¿Qué se puede hacer para prevenirlo?
-Soy una convencida de que lo primero es hablar, habilitar la palabra para que niños, niñas y adolescentes puedan contar lo que les pasa con estos temas, y que ese abordaje de lo que sucede ocurra en comunidad: dentro de casa, entre familias, con la escuela, en el club, en la academia de inglés, en el barrio, en el centro vecinal, en el templo o iglesia. En todos los ámbitos donde las infancias transitan su vida puede haber hechos de violencia entre pares, y tenemos que poder adelantarnos a través de estrategias de sensibilización y prevención. Con talleres, con actividades especiales, pero también de forma transversal: planteando el tema en la vida cotidiana de las distintas instituciones y agencias de socialización.
Los medios también tienen una gran responsabilidad, y por eso celebro que estemos acá conversando sobre este tema. Rita Segato habla de la pedagogía de la violencia, y ahí los medios tienen una gran responsabilidad cuando “espectacularizan” los hechos de violencia (de toda violencia). El video del hecho de violencia, el pormenor morboso de la agresión, no suman al debate, no ayudan a cuestionar, no colaboran para pensar colectivamente estos temas. Sí el debate serio, sí los elementos para la reflexión.
Creo que también parte de la prevención es reconocer que estos temas son colectivos, y que tenemos que hacernos cargo como comunidad. En ocasiones la carga social cae sobre el niño, niña o adolescente que ejerce acoso o violencia: se lo juzga, se lo sanciona, se lo rechaza, y a veces -incluso- se lo expulsa de las instituciones. Esa infancia sale expulsada de una institución, sin haber procesado colectivamente ese hecho de violencia, hacia otra institución. Ahí no se rompe la espiral, no se deconstruye y no hay posibilidad de salirse.
Cuando digo «en comunidad», digo «en el encuentro». Cuando estas situaciones se dan en la escuela, muchas veces se deposita la expectativa en que sea la escuela la que lo resuelva. No hay manera de que sólo la escuela lo aborde, debemos implicarnos: familia, escuela, organizaciones de la sociedad civil. Y, por supuesto, el Estado. El Estado es el gran garante de los derechos de las infancias (de todos los derechos)… o debería serlo.
-¿Se trabaja como corresponde en las escuelas para abordar esta problemática?
-Hay experiencias muy diversas, por supuesto. Pero uno de los factores que últimamente me preocupan especialmente es que veo muy solas a las escuelas. La situación presupuestaria de la educación es altamente deficitaria. Hay docentes que corren de una escuela a la otra todo el día para juntar un salario de miseria, que están pluriempleados/as, y que aun así no llegan a fin de mes. A ese contexto, hay que sumarle que muchísimas escuelas no tienen gabinete psicopedagógico o figuras similares que puedan acompañar procesos. A su vez, las familias están sobrepasadas, con padres, madres y cuidadores/as que también se pasan el día corriendo de un trabajo al otro (en el caso excepcional en el cual tienen trabajo) para sobrevivir. No hay que olvidarse que más de la mitad de los chicos y chicas de Argentina vive en condiciones de pobreza. En ese contexto de urgencia social, el tiempo no alcanza, nunca alcanza. ¿En qué momento se encuentran familia, escuela, referentes del Estado a hacer un taller de reflexión sobre estos temas? ¿En qué momento esos/as docentes pueden capacitarse para abordar estos temas?. Hagamos aquí la salvedad de que, incluso en ese contexto, hay muchísimos/as docentes que hacen el tiempo para formarse, aun en estas condiciones laborales adversas. ¿En qué momento frenamos y nos encontramos colectivamente a abordar estos temas con tiempo, con el suficiente tiempo que se necesita para la reflexión?. Estamos corriendo, y estos procesos necesitan tiempo… Ahí el Estado, que debiera garantizar derechos, falla, y falla fuerte…
Tenemos una tendencia, como sociedad, a buscar soluciones fáciles. Depositar toda la responsabilidad en la escuela es un camino simplista. Las escuelas tienen un rol fundamental, por supuesto, pero estos temas nos competen a todos/as, y hay niveles de responsabilidad donde el Estado debe hacerse cargo y garantizar los derechos de las infancias. A fin de cuentas, lo que termina sucediendo es que en este contexto de alta desigualdad, vulneración de derechos, pobreza, el Estado no está logrando garantizar los derechos que la ley prevé para nuestras infancias.
Cuál es la legislación vigente en América Latina
Las autoridades de distintos países han reconocido el problema que se origina en las escuelas cuando algunos niños reciben agresiones físicas y psicológicas de sus compañeros. Ante este panorama han desarrollado legislaciones para erradicar este tipo de acciones.Desde el 2011, algunos países aprobaron legislaciones para combatir la violencia en las escuelas.
En Argentina, el proceso para combatir el bullying tuvo que esperar a legislarse. El primer paso fue la ley 26892, vigente desde 2013, con la que se estableció la obligación de promover una convivencia pacífica en la resolución de problemas.
Perú cuenta con la ley 29719, cuyo objetivo es erradicar el acoso escolar, prevenirlo y ofrecer atención especializada a las víctimas. Ecuador y República Dominicana, donde se lo considera una “falta muy grave”, tienen leyes enfocadas al mismo propósito.
Honduras fue el país centroamericano que se destacó por intentar erradicar la violencia ejercida a través de medios digitales y redes sociales.
Uruguay se une a la lista de países que previenen el maltrato psicológico y físico en los centros educativos con la ley 19.098, en la que se aplican medidas de detección de la violencia en las escuelas, privadas y públicas, hasta la educación secundaria.
Paraguay prevé en su legislación sanciones a docentes, instituciones educativas y alumnos involucrados en actos violentos o discriminatorios.
Panamá adoptó acciones para prohibir el hostigamiento de cualquier índole en ámbitos educativos y laborales, de acuerdo a la Ley 7 de 2018. En complemento a esta medida, el gobierno creó campañas de concientización y apoyo a las víctimas.
En Brasil, el bullying representó una preocupación a nivel nacional. Desde noviembre de 2015, las autoridades emprendieron el Programa de Lucha contra la Intimidación Sistemática (bullying). La ley N° 13185 también contrarresta el ciberbullying establecido sin recurrir a castigos para los agresores. En su lugar, se proponen mecanismos alternativos para fomentar la paz y cambiar el comportamiento hostil.
Chile creó los Comités de Buena Convivencia Escolar cuya presencia en las instituciones educativas es obligatoria debido a la ley Nº 20536. Respecto a las sanciones hacia los alumnos que ejerzan violencia contra otros, se menciona la cancelación de la matrícula y la expulsión de la escuela. También se castiga a los docentes que incurran en las mismas conductas.
En México, el Programa Nacional de Convivencia Escolar se adoptó en las primeras escuelas desde el 2016 y contaba con un manual sobre cómo lidiar con casos de bullying. Al igual que Brasil, esta medida ha recomendado usar métodos pedagógicos para evitar que los niños incurran en ataques violentos como fomentar actos de generosidad y buscar líderes que inspiren gentileza entre los alumnos. Además, con las reformas de 2017 a la Ley General de Educación, el artículo 74 hace obligatoria la asesoría gratuita para las víctimas de violencia escolar y acoso. La finalidad de este servicio en las escuelas es ofrecer vías legales para traer justicia a cada caso en particular.
Nicaragua no dispone de leyes específicas contra el bullying pero desde 2018 tiene una red nacional de consejerías de las comunidades educativas. Su fin es prevenir las situaciones de agresión en las escuelas. El único recurso legal del que disponen para realizar esta tarea es el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Costa Rica comenzó con campañas gubernamentales. En 2011 el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos buscaba promover la igualdad y el respeto en las aulas. En 2016 sus iniciativas se convirtieron en una ley que castiga el bullying con despidos para los docentes que lo permitan. El segundo país que comenzó con programas sociales es Guatemala, pero en 2022 entró en vigor el decreto contra el bullying que estipuló el 2 de mayo como el Día Nacional contra el Acoso Escolar; sin embargo, carece de sanciones específicas.
Conmoción mundial: el suicidio de las gemelas argentinas en España El dramático y triste hecho de las gemelas argentinas -Alana y Leila- de la localidad de Sallent, en Barcelona, que se precipitaron a los 12 años desde el balcón del departamento donde vivían junto con sus padres pusieron el tema del acoso escolar al rojo vivo y en la agenda global
Dos fallos trascendentes
En el último tiempo la Justicia argentina emitió algunos fallos trascendentes en materia de bullyingque incluyeron en, algunos casos, indemnizaciones para las víctimas y condenas contra las escuelas que hicieron caso omiso a la situación que estaba ocurriendo en el seno educativo.
En Corrientes, el juez de Paz de la ciudad de Paso de la Patria, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, ordenó a tres adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero y dispuso, además, tratamiento psicológico para todos los involucrados.
En la entrevista psicológica, que se incluyó en el expediente judicial, el adolescente manifestó sufrir molestias permanentes y agresiones dentro y fuera del colegio por parte de esos tres compañeros.
El magistrado ordenó un tratamiento psicológico tanto para los denunciados como para la víctima y libró un oficio al colegio secundario para que coordine con la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa) un tratamiento preventivo.
Como parte de las medidas se dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes y las actuaciones fueron enviadas al juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en turno.
Indemnización
En Mar del Plata, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó a una escuela el pago de una indemnización de más de seis millones de pesos en favor de una ex alumna que comenzó a sufrir epilepsia por el constante bullying de algunos de sus compañeros de cuarto año de la secundaria.
El fallo confirmó la decisión que había adoptado originalmente el Juzgado Civil y Comercial N°10, lugar donde se cursó la demanda.
Según se probó, la estudiante padeció “episodios de hostigamiento, abusos, abucheos, silbidos, gritos y críticas por parte de los compañeros” que también incluyó “ultrajes físicos” contra la chica “como empujones y trabas para que se tropezara”. Otras de las “bromas” fue escribirle el sweater con un marcador, colocarle chicle en el pelo y derramar gaseosa en su cabeza.
Palabras como “tragalibros” o “la estudiosa” como así también de “apartarla de grupos de WhatsApp” eran una constante en la discriminación escolar de la adolescente. La joven jamás tuvo contención psicológica por parte del colegio como así tampoco se puso en práctica el Acuerdo de Convivencia.
Como resultado de las prácticas de los compañeros hacia la chica, ella comenzó a padecer convulsiones y, según los profesionales que la trataron, la diagnosticaron con epilepsia por los eventos “perturbadores” a los que fue sometida por sus ex compañeros.
Según la resolución del artículo 1767 del Código Civil y Comercial, la Justicia marplatense entendió que el colegio “debía responder por el daño sufrido” por tener una responsabilidad “objetiva y agravada”.
ESCUCHAR
