Barreras burocráticas, principal escollo para acceder a la Justicia en pandemia

El último informe de ATAJO abarca los casos relevados entre el inicio del ASPO, el 20 de marzo de 2020, y el 18 de marzo de 2022, cuando comenzó el paulatino retorno a la atención al público

El equipo de gestión de la información de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de Julián Axat, elaboró un estudio estadístico sobre los obstáculos para el acceso efectivo a la Justicia señalados por las personas que efectuaron consultas en las agencias territoriales del área.

El informe abarca los casos relevados entre el 20 de marzo de 2020, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (APSO), y el 18 de marzo de 2022, el momento a partir del cual se produjo el paulatino retorno a la atención al público, producto de un régimen laboral mixto entre instancias remotas y presenciales.

El documento señala que durante el periodo analizado ATAJO recibió y tramitó un total de 19.263 consultas. Los obstáculos de acceso a la Justicia más observados fueron, en 59% de las consultas, las barreras burocráticas, seguidas de las dificultades relacionadas con la educación legal (32%), los costos del servicio jurídico (13%) y la desconfianza en el sistema judicial (9%).

El trabajo indica que mientras en julio de 2020 la oficina atendió un total de 776 consultas, un año antes había tramitado 750 y en julio de 2021 alcanzó las 884, lo cual, según indicó, muestra un sostenimiento de la actividad “notablemente estable”; incluso “atravesando el período más álgido de la cuarentena”.

Añade que en sólo 67 casos (0,35%) no se pudieron identificar los obstáculos de acceso a la Justicia.

Según ATAJO, ese dato pone de manifiesto “la efectiva direccionalidad del trabajo” que llevan adelante sus oficinas; ello así, porque la totalidad de consultas tramitadas, aun en forma virtual, “impactaron positivamente sobre al menos uno de los obstáculos”.

En su reporte, ATAJO sostuvo que el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado por la pandemia mundial de coronavirus significó “un desafió particular para las agencias estatales”, que debieron cumplir con las restricciones impuestas y, al mismo tiempo, mantener activas sus funciones, junto “a la necesidad de articular con una trama interinstitucional que cobró una presencia intermitente”.

En esa línea, puntualizó que las restricciones “resintieron los canales para la gestión de las problemáticas sociales en los barrios más vulnerables”, donde se encuentran ubicadas las agencias de ATAJO, y que ello implicó “el planteamiento de distintas estrategias para sostener la atención al público”, como consultas por medios digitales o telefónicos; semipresencialidad en los barrios; nuevas formas de articulación al interior de las agencias; uso de Internet y computadoras hogareñas y “búsqueda de equilibrio entre la vida laboral y particular”.

La agencia alegó, además, que el contexto demandó “la necesidad de simplificar los mecanismos de tramitación o articulación entre dependencias estatales”, con foco en la necesidad de “desburocratizar la gestión y sortear o matizar las barreras para el acceso a la Justicia y a la Administración Pública en general”.

Por medio de estadísticas que definió como “cuali-cuantitativas”, el informe consignó que la labor de las agencias territoriales, a pesar de las limitaciones, incidió particularmente en la remoción de obstáculos burocráticos para el acceso a la Justicia.