Avanza el proyecto para modificar la Ley de Ejecución Privativa de la Libertad

Se prevé que las sanciones leves y medias aplicadas a los internos sean resueltas mediante mecanismos alternativos. También se establece el ejercicio del derecho de defensa desde el inicio de las actuaciones disciplinarias

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo relativo a las sanciones disciplinarias que se aplican a las personas privadas de su libertad .

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24660), con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

Entre los fundamentos, el proyecto busca circunscribir la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad.

En el proyecto se propone que para la comprobación y la determinación de las sanciones que se apliquen a los internos deben seguirse los principios de lesividad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad .

Para ello, “… se promueve el abordaje técnico e interdisciplinario de los problemas de convivencia , procurándose optar por la adopción de medidas que permitan la continuidad del alojamiento de las personas en el régimen común”.

Una de las principales novedades es la tipificación específica de las sanciones leves y medias , que en la actual ley se encuentra delegada a la autoridad penitenciaria de cada establecimiento . La presunta comisión de una infracción media o leve inicialmente dará lugar a la aplicación de métodos de resolución de conflictos basados en principios restaurativos y composicionales . Los reglamentos establecerán los métodos que podrán utilizarse, su modalidad y duración.

Los distintos programas y prácticas serán organizados y conducidos por consejos integrados por personas, organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil con capacitación en la materia, en coordinación con personal de la administración penitenciaria.

El fracaso en la utilización de los métodos alternativos habilitará, como último recurso, la eventual aplicación de una sanción disciplinaria conforme lo previsto en el artículo 87. En estos casos, el personal penitenciario que haya intervenido en la modalidad alternativa implementada no podrá cumplir ninguna función disciplinaria.

Por otro lado, los fundamentos del proyecto enfatizan la necesidad de asegurar el ejercicio del derecho de defensa desde el inicio de las actuaciones disciplinarias , con la explícita y necesaria intervención de la defensa técnica para disponer del tiempo y los medios adecuados para prepararla.

En esa línea, se estipula la prohibición absoluta de las sanciones corporales, el encierro en celdas sin acceso a sanitarios , celdas de confinamiento acolchadas o cualquier otra de naturaleza cruel, inhumana o degradante . Tampoco se admite la aplicación de cualquier medida o sanción de aislamiento a personas privadas de libertad embarazadas o alojadas con sus hijos o hijas. Solo se habilita el aislamiento provisorio durante los procesos disciplinarios cuando exista un peligro cierto para la integridad física o la vida de alguna de las personas privadas de libertad o del personal penitenciario, pero con una duración que no puede exceder las 24 horas, salvo expresa autorización judicial.

Finalmente, se prevé como principal innovación en la etapa recursiva que el recurso contra la sanción suspende la ejecución de la falta hasta tanto sea revisada judicialmente , en busca de reducir la discrecionalidad de la autoridad administrativa.

Los antecedentes

La iniciativa se generó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH . Se trata de una petición contra Argentina que fue presentada el 29 de diciembre de 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.

Al debate en la comisión asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que "es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual". Sobre la causa Lynn, el funcionario señaló que "se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional".

En ese marco, Pietragalla lamentó que "el Estado y las reparaciones llegan tarde", e informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y que para esa fecha hay que "mostrar un avance real " para que "no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados ", reiteró.

También disertó María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, quien destacó que este proyecto es la culminación de "una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años" y que en 2018 "la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba" artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .