En una sentencia con perspectiva de género, la Justicia de Laboulaye autorizó la venta de una cosechadora que formaba parte de los bienes que constituyeron el acervo conyugal del matrimonio disuelto, a pesar de la oposición del excónyuge. El objetivo de la medida fue dar cobertura a las necesidades básicas insatisfechas de la exesposa.
El juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata concluyó que la situación de indivisión de los bienes gananciales resultaba especialmente perjudicial para la exesposa, quien no contaba con la posibilidad de utilizar el bien ni sus frutos. Por el contrario, debía soportar que el paso del tiempo generara una pérdida de su patrimonio. El tribunal entendió que ello habilitaba la posibilidad de vender el bien, sin necesidad de esperar la aprobación definitiva de las operaciones de inventario y avalúo.
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