Anulan la renuncia de un trabajador porque la empresa se aprovechó de su inmadurez intelectual

Si bien el magistrado entendió que el demandante no logró comprender su acto y lo que éste conllevaba, consideró que la indemnización por despido -según los parámetros de la LCT- fue suficiente para su resarcimiento

La Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba admitió lo rubros de indemnizatorios derivados de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) devenidos del despido indirecto en el cual se colocó el accionante, tras considerar nula la renuncia del trabajador por haber sido ejercida sin pleno discernimiento a razón de su condición de analfabeto y al no tener la madurez intelectual necesaria para disponer de tal acto en las condiciones que fueron realizadas, pero rechazó el planteo por daño moral.

El trabajador narró que laboró como guardia nocturno de seguridad para boliches y eventos, los días viernes y sábados hasta que “se le inventó” un supuesto robo de celular y lo convocaron “para conversar” con la patronal, pero lo llevaron al correo engañado y le hicieron firmar algo que hoy conoce como telegrama de renuncia, y a partir de esa fecha nunca más le dieron trabajo.

El demandante pidió la nulidad de la renuncia aduciendo que no sabe leer ni escribir y solamente dibuja su firma. Añadió que, pasado un tiempo, consultó a un abogado y luego de un intercambio epistolar infructuoso con la demanda, se dio por despedido.

Negativa

La accionada negó que obligara la renuncia, pero el vocal Tomas Sueldo señaló que las pericias psiquiátrica y psicopedagógica, denotan que el acto jurídico de la renuncia se encontraba viciado en su causa fin, en tanto las circunstancias revelan a todas luces que la verdadera intención de la empleadora fue despedir a Z. a raíz del incidente con el celular, hecho corroborado por la confesional ficta de la accionada.

Para el tribunal, la patronal intentó valerse de la figura prevista por el artículo 240 de la LCT como una “pantalla” para encubrir su verdadero propósito, que era causar el desahucio, eximiéndose de la carga de probar un despido “con causa” y, finalmente, de afrontar las consecuencias monetarias de tal decisión empresarial ante un resultado probatorio adverso.

Según el fallo, ello enmarca la situación fáctica en las previsiones del artículo 14 LCT -norma antifraude laboral por excelencia- que estipula la nulidad como consecuencia legal.

El magistrado advirtió que en el caso se estaba frente a un trabajador que presenta juicio crítico insuficiente, levemente disminuido y un retraso mental, conforme lo dictaminado por el perito psiquiatra oficial y el fallo consideró que la psicopedagoga informó que el actor asistió a escuelas especiales para niños y jóvenes con necesidades especiales, que presentan perturbaciones en el desarrollo de sus funciones cognitivas, sean estas permanentes o transitorias desde el momento de su detección.

Informe

Asimismo, el informe de esa profesional expuso que dichas instituciones contribuyen a la integración del alumno en los ámbitos familiares y comunitarios, sociales y laborales a partir de la aceptación de las diferencias coordinando esfuerzos entre familia, servicios educativos, sanitarios y profesionales para facilitar la formación integral del alumno.

El juez destacó que Z. es una persona retraída y con comportamiento ingenuo lo que, sumado a su escaso nivel de comprensión cognitivo, lo ponen en situación de indefensión socio-educativa ya que su proceso de alfabetización es limitado e incompleto (analfabetismo funcional).

El vocal indicó que, por discernimiento, se entiende madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias; por intención, se estima que está presente en el acto cuando exista una adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo, y finalmente por libertad, se entiende la posibilidad de elección entre varias opciones, con ausencia de coacción externa, es la independencia de la voluntad, la propia determinación.

Sueldo concluyó que la extinción del contrato de trabajo bajo el modo que se atribuye al trabajador deviene nula, lo que resulta ajustado a la protección que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente los arts. 4, 12 y 27, el art. 14 bis de la CN, art. 240 de la LCT y las disposiciones de los arts. 1040, 1041 y 1042 del CC en cuanto a la validez de los actos jurídicos aplicables en función de lo dispuesto por el art. 7 del CCC- y los supuestos de nulidad de ellos.

Daño moral

En cuanto al daño moral, el juez analizó que las pruebas periciales que condujeron al tribunal a declarar nulidad de la renuncia, también revelaron que Z. logró insertarse con normalidad en otros puestos de trabajo, como así también en el mismo rubro para el cual se encuentra capacitado -seguridad- ya que los fines de semana se desempeña como guardia en un espacio cultural.

En ese contexto, valoró que la extinción del contrato de trabajo, en las condiciones dadas, encuentra el resarcimiento legal correspondiente para la hipótesis sometida a decisión (arts. 231, 232, 233, 245 y cctes. LCT) en función de las consecuencias indemnizatorias que se derivan del despido indirecto en que se colocó el accionante, casi al filo de la prescripción, por lo cual se rechazó de la indemnización por daño moral reclamada.