Anulan debate en causa por abuso sexual al no existir registros audiovisuales

El tribunal concluyó que la ausencia de elementos técnicos adoptados por la pandemia privó al acusado de la garantía del debido proceso y dejó sin efecto la condena impuesta [privado]

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Mendoza anuló un debate oral ante la inexistencia de los registros audiovisuales de los fundamentos de la condena y resaltó que -con ello- se afectó el debido proceso digital por la mala utilización de las plataformas tecnológicas.

En autos “F. C/ S. G. A. A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante... S/Casación” la SCJ de Mendoza determinó que con lo actuado se violó la garantía del debido proceso digital.

Los supremos Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio abordaron la causa, que llegó a su estrado por el recurso interpuesto por la defensa del imputado, quien había sido condenado a la pena de 16 años de prisión, por los delitos antes citados en contra de un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.

El tribunal dictó la nulidad de oficio, ya que cuando recibió el expediente advirtió que no estaban disponibles los registros audiovisuales de los fundamentos de sentencia cuestionada por la defensa.

El juez Adaro, autor del voto al que adhirieron sus colegas, explicó que el tribunal estaba imposibilitado “para acceder al conocimiento de las razones que condujeron al sentenciante para decidir la condena del acusado y, de esta manera, darle tratamiento al recurso presentado por la defensa en esta instancia”, lo cual impedía ejercer la revisión de la condena.

El magistrado recordó que la legislación provincial, dictada en el marco de la pandemia, habilitó la realización de las audiencias virtuales y admitió que “la diversidad de sistemas en la celebración de audiencias remotas con un único protocolo, en una etapa de adaptación a la nueva modalidad implementada por la emergencia sanitaria y en un proceso inicial de capacitación de los operadores del sistema, son factores que pueden influir en posibles errores o déficit en el manejo de las distintas plataformas disponibles”.

Sobre el particular, el sentenciante agregó que, si bien la diversidad de herramientas tecnológicas ofrece la ventaja de hacer más eficiente la gestión judicial, de anverso, se requiere una mayor especificidad y capacitación en el manejo de cada plataforma por parte de los operarios con protocolos que detallen las modalidades de cada sistema.

La SCJ mendocina reconoció que pudo existir un “error humano” al no grabar los fundamentos, aunque también refirió que “existen múltiples opciones de plataformas virtuales para audiencias remotas, cada una con características propias”.

Distinción

Al abundar sobre la cuestión, el fallo sostuvo que una primera distinción es referenciarlas respecto a si tienen código propietario/comercial o si son código abierto o libre. Las primeras son aquellas que funcionan a partir de la contratación/pago por licencia y determinadas funcionalidades. Las segundas son aquellas diseñadas para desarrollarse y distribuirse de forma libre, cuyo dominio es público, detallando además las ventajas u obstáculos que cada una de las plataformas virtuales puede presentar.

La decisión añadió que “el haber utilizado una plataforma o sala virtual que no resguarda en soluciones como cloud computing o nube, o que negligentemente no se preservó el registro audiovisual de la exposición de los fundamentos de sentencia cuestionada por la defensa, afectó el debido proceso digital”.

En referencia a lo apuntado, la corte cuyana subrayó que el concepto de debido proceso digital fue entendido como “una de las manifestaciones del debido proceso legal aplicado al ecosistema judicial digital y/o sede digital, y como garantía constitucional que establece los límites, principios y condiciones al ejercicio de la potestad de la administración de justicia para la protección y respeto de los derechos constitucionales y convencionales de cada usuaria/usuario digital”.

“Es decir, el debido proceso digital implica el respeto por los principios rectores que enmarcan el entorno digital: inclusión, accesibilidad, trazabilidad, transparencia, publicidad, protección de datos personales, interoperabilidad y ubicuidad tecnológica”, añadió la sentencia, para la que “los principios clásicos procesales de inmediatez, publicidad, celeridad, concentración y economía procesal alcanzan su plenitud a través de las nuevas tecnologías”.

Finalmente, el fallo consideró “prioritario” habilitar sistemas telemáticos que garanticen ese debido proceso digital, e incluso que los poderes judiciales elaboren desarrollos propios destinados a audiencias remotas que garanticen las particularidades de las mismas en el ámbito jurisdiccional.