Acreedores de Vicentin demandaron a síndicos, auditores y ex directivos

El reclamo, que asciende a alrededor de 25 millones de dólares, lo presentó un grupo de firmas agropecuarias, patrocinado por el estudio Robiolo y Asociados. Se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso

Un grupo de empresas agropecuarias que tiene acreencias con la aceitera Vicentin presentó ante la Justicia de la ciudad de Rosario una demanda civil en contra de síndicos, auditores y ex directivos de la firma, por un monto de alrededor de 25 millones de dólares.

El planteo se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso.

En diciembre pasado, el juez Fabián Lorenzini prorrogó nuevamente, hasta el 31 de marzo de 2022, el plazo para que la agroexportadora llegue a un acuerdo con los acreedores por su deuda concursal de unos US$1.500 millones y le pidió a la sindicatura que elabore un “cronograma tentativo” para el salvataje.

La demanda, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, pretende conseguir un resarcimiento económico por los perjuicios económicos sufridos por los actores.

Involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el concurso, a los ex síndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron sus estados contables.

Adulteración

Los accionantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances contables de la aceitera, que se habría realizado mediante la consignación de números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia y minimizando el impacto de la carga de deuda.

Todo ello habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros.

Los demandantes también solicitaron que se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países. Alegaron que, en la práctica, por medio de empresas off shore, dejaba sus activos fuera del alcance de los acreedores.

Banco Nación

Cabe recordar que el pasado jueves, el Banco de la Nación Argentina (BNA) rechazó por inaceptable la nueva propuesta de pago elaborada por la agroexportadora en su concurso, por US$1.500 millones.

El BNA señaló que la oferta “no representa un buen camino para evitar la quiebra”.

Su presidente, Eduardo Hecker, dijo que, ante una potencial falta de acuerdo, “el Cram Down podría ser un camino” y que los créditos que otorgó el banco podrían ser parte de una participación del Estado nacional en la empresa.

En un comunicado, el BNA destacó que tiene la posibilidad de ejercer el derecho de pedir la quiebra y que la nueva propuesta “no representa un buen camino” para evitar esa opción.

A principios de diciembre pasado, el juez Civil y Comercial de la 2ª Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, le otorgó una prórroga a Vicentin y le dio plazo hasta el 31 de marzo próximo para arribar a un acuerdo con sus acreedores y evitar la quiebra.