Acceso a la Información Pública: la Corte obtuvo el menor puntaje

El Máximo Tribunal no creó un instituto que garantice el cumplimiento de la normativa. La respuesta a los pedidos de la ciudadanía se demora más tiempo del fijado por ley. Las declaraciones juradas de los ministros son difíciles de conseguir

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se encuentra entre los organismos públicos que menos cumplió con los postulados de la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP), sancionada hace cinco años.

Así lo revela un estudio realizado por l a Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) titulado “Hacia la efectiva implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, que mide con los mismos parámetros el grado de adecuación a la obligación legal de transparentar el desempeño existente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Corte, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos Fiscal (MPF) y de la Defensa (MPD). Específicamente en el contexto del sistema judicial nacional, los órganos de los fiscales y de los defensores oficiales se presentan como los que más avanzaron en lo relativo a la apertura y la difusión de los datos institucionales claves.

La medición abarca las o bligaciones de transparencia activa y pasiva, y el diseño de los órganos garantes del acceso a la información pública . Sumados los tres rubros, la Corte recibió la calificación menor del conjunto de los organismos considerados . El mal resultado se explica en gran medida por la ausencia de un instituto que garantice y monitoree el cumplimiento de la ley 27275 , regulación que, con matices y variaciones, sí existe en las restantes instituciones. En este campo, el Máximo Tribunal obtuvo un cero . Ocurre que la cabeza de la Justicia decidió en diciembre de 2017 apartarse de la norma y omitió la creación del mecanismo de control.

“La Corte Suprema dictó por mayoría (con la disidencia del juez Rosatti) la Acordada 42/2017 que reglamenta la ley en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Allí se limitó a designar a la Dirección de Relaciones Institucionales como responsable de acceso a la información y puso a cargo del Presidente de la Corte (no de un órgano autónomo) la función de resolver los reclamos por incumplimiento”, indica el documento.

“Resulta imposible asignar puntaje en la medición de la reglamentación y del funcionamiento, ya que no existe agencia alguna para evaluar”, evalúa, y agrega que, sin perjuicio de ello, la Corte dispone de un protocolo para la presentación de reclamos de acceso a la información y divulga las resoluciones en las que resuelve los reclamos planteados. “Respecto de esto último y pese a que la Acordada prevé que los reclamos serán resueltos por la presidencia de la Corte, hasta el momento observamos que las resoluciones a los reclamos son en realidad firmadas por todas y todos los miembros”, se aclara en el informe.

Fuera del plazo

Las obligaciones de transparencia pasiva e ngloban las herramientas previstas por las respectivas instituciones para recibir y responder a los pedidos que formula la ciudadanía. En esencia, este trámite debe ser simple, digital, rápido y gratuito o de bajo costo, y contar con una opción para reclamar en el caso de omisión de contestación o de que ésta resulte incompleta.

En este segmento de la evaluación, la Corte obtuvo 0,52/1 punto, otra vez la calificación más baja del grupo de organizaciones testeadas. De acuerdo con la metodología del informe, la calificación se compone del puntaje logrado en cuanto a la disponibilidad de medios electrónicos (cero) y de seguimiento de los pedidos de AIP (cero); de las solicitudes respondidas (1); del cumplimiento de los plazos (0,74); del uso (0,68) y de la comunicación (0,27) de la prórroga, y de los reclamos por incumplimiento (0,94).

La investigación revela que, durante 2018 y hasta noviembre de 2019, la Corte recibió en total 34 pedidos de AIP y que, en promedio, requirió 23 días para contestarlos, cuando el plazo legal es de 15 días .Respecto a las obligaciones de transparencia activa, en la medición de disponibilidad y completitud de la información, la Corte logró 0,41/1 punto: ocupa el penúltimo lugar de la tabla, que cierra el MPD con 0,31/1. Aunque fueron detectadas falencias en varias categorías de transparencia activa, el talón de Aquiles de la Corte -y del sistema judicial en general- es la forma de acceso a las declaraciones juradas de las autoridades obligadas a presentarlas en función de la ley 25188 .