ESCUCHARCon el sur del país en ebullición, el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, se encontraba este miércoles bajo presión mientras continuaban las marchas en su contra y se elevaban las voces exigiendo que rinda cuentas por las denuncias sobre la actuación de la policía.
Las protestas continuaron en las empobrecidas regiones del sur, tras retornar con fuerza desde principios de mes con marchas, bloqueos de rutas e incidentes. En total ya son unos 40 los muertos en el marco de las protestas desde comienzos de diciembre, 18 solo el lunes pasado.
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Los manifestantes habían lanzado una primera oleada de marchas tras la caída del presidente izquierdista Pedro Castillo, que fue detenido luego del fallido autogolpe del 7 de diciembre. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y el cambio de la Constitución.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, fronteriza con Bolivia. Las muertes en los choques con la policía exacerbaron la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1300 kilómetros de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen los comercios cerrados.
Deudos y pobladores recorrieron este miércoles las calles de Juliaca con ataúdes de los 17 civiles muertos por los enfrentamientos del lunes entre la policía y los manifestantes, donde también murió un oficial. “Dina me asesinó con balas”, se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
Los manifestantes recibieron un desayuno común elaborado en la parte de atrás de la morgue del Hospital Carlos Monge Medrano, donde yacían las víctimas del fin de semana.
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En Cusco, decenas de personas intentaron marchar hacia el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, pero la policía formó largos cordones de seguridad para impedir el paso, mientras seguían las protestas en la avenida 28 de Julio.
Dada la sensible efervescencia de la zona, el gobierno nacional declaró un toque de queda de tres días en Juliaca y el resto del departamento de Puno, entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana, “en salvaguarda de la vida y la integridad, de la libertad de todos los ciudadanos”.
La escala de la represión determinó que la Fiscalía General abriera una investigación a la presidenta Boluarte, así como a tres de sus ministros, por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
“La violencia está llegando a niveles insospechados en verdad. La Defensoría señala que no se va a resolver con la participación de las Fuerzas Armadas o la policía esta crisis y este conflicto político”, declaró por su parte la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
También hubo un llamado de atención de la Iglesia, que denunció que se vive una “situación de guerra”. “La verdad es que estamos en manos de la barbarie. El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto.
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El jefe de gabinete, Alberto Otárola, respaldó en una comparecencia ante el Congreso la actuación de las fuerzas de seguridad, en el ojo de la tormenta también entre los legisladores, que siguen con atención los aciertos y desaciertos del incipiente gobierno de Boluarte, estrenado de emergencia tras la caída de Castillo.
“Respaldamos totalmente a nuestras fuerzas policiales que están a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y declaramos que el gobierno sigue sólido, enfocado en su plan de acción política para pacificar el país, realizar la transferencia del poder vía elecciones generales y reactivar la economía nacional”, señaló Otárola.
Boluarte tuvo una noticia positiva, con el visto bueno del Congreso al gabinete encabezado por Otárola. El fragmentado Parlamento le dio por mayoría su voto de confianza al nuevo elenco, un requisito que exige la Constitución peruana a cada gabinete designado.
“Ha sido aprobada la cuestión de confianza”, dijo el presidente del Parlamento, José Williams, tras la votación que arrojó 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. En caso de rechazo el gabinete debía renunciar.
Visita de la CIDH
En este contexto, Perú recibió a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial. El primer vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón, lamentó las muertes ocurridas en las protestas e indicó que durante los tres días de la visita de la delegación se dedicarán a verificar la situación de los derechos humanos.
“La CIDH ha iniciado su trabajo. En estos tres días estaremos verificando la situación de derechos humanos. La idea es tener la escucha más amplia posible de todas las voces”, dijo en su encuentro con la prensa tras reunirse con Boluarte en el Palacio de Gobierno.
“El primer mensaje que quiero enviar es: solidaridad a los familiares de las víctimas. Lamentamos la pérdida de vidas, tanto de personas que han estado manifestando, como también algún miembro de las fuerzas de seguridad”, agregó.
Agencias AFP, AP, Reuters y DPA
