El pasado fin de semana, Daniel Ortega ordenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, una organización con 94 años de historia.
Lo hizo en el marco de una medida que involucra a otras 83 Organizaciones No Gubernamentales (ONG); entre ellas, la Fundación del fallecido ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) -que creó una importante biblioteca virtual con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses-; la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS) y la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
A la fecha, más de dos centenares de grupos perdieron su personería jurídica.
Entre los afectados figuran entidades que defendían los derechos humanos, causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento. Según el régimen que comanda Ortega, incumplieron normas como la obligación de inscribirse en el denominado “registro de agentes extranjeros”, una versión que las afectadas rechazan.
El decreto presentado por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez aduce que las ONG usaron donaciones para “intentar derrocar” a Ortega durante las protestas de abril de 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las manifestaciones, calificadas por el régimen como un “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 355 muertos, aunque organismos locales elevaron la cifra a 684. La dictadura solo reconoce 200.
Ahora, la Real Academia Española (RAE) pide apoyos “públicos y privados” ante la inminente clausura de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que funciona desde 1928.
La RAE emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por “el posible cierre” de la institución y advirtió que “quedará abocada irremisiblemente a la desaparición en cuanto pierda su personalidad jurídica y no pueda manejar cuentas bancarias o pagar salarios”.
La RAE recordó que se trata de una entidad “fundamental para el cuidado de la lengua” que llevó “a su más alto grado de excelencia” a escritores del país, en referencia a autores como Rubén Darío, Alfonso Cortés y Ernesto Cardenal, entre otros.
“La Academia desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma, y cumple una función imprescindible en el concierto internacional como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), a cuyo trabajo mancomunado contribuye de manera ejemplar”, añadió la RAE.
La Academia Nicaragüense de la Lengua fue fundada en Managua, en 1928, por siete intelectuales liderados por el político y jurista Carlos Cuadra Pasos.
Entre los académicos que la integran figuran escritores como Sergio Ramírez, exiliado en España tras una orden de detención emitida por el Gobierno de Ortega, y la poeta y novelista Gioconda Belli, también opositora del régimen.
