El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, repudió hoy la anulación que hizo la Cámara Federal de Casación Penal del procesamiento a tres exmiliares acusados de torturas a soldados conscriptos durante la guerra, al remitirse a un fallo anterior que consideró prescriptos los hechos por no constituir delitos de lesa humanidad y declarar la causa prescripta.
En esta línea, Iraola sostuvo que si bien la Cámara considera que los crímenes están prescriptos «no niegan los hechos» sino que «elijen no juzgarlos».
«La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los Derechos Humanos», explicó Guerrero Iraola en diálogo con Télam y anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal del país, conocida hoy, benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de «vejaciones» quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
El abogado informó hay «mucho malestar» entre los soldados conscriptos del Cecim de La Plata porque consideran que «los torturadores de Malvinas» han encontrado en la Cámara de Casación «una caja de resonancia que les permite seguir gozando de beneficios».
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.
El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia de Rio Grande que lleva la causa.
Pero las defensas recurrieron a Casación en base a precedentes en los cuales el máximo tribunal penal del país consideró prescriptos los delitos por no tratarse de hechos de lesa humanidad, algo que en la actualidad está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Lo que hace el Poder Judicial es revictimizar a los soldados torturados, a 40 años de Malvinas los torturadores siguen recibiendo homenajes y haberes de retiro del Estado», denunció Iraola.
Para el representante de los soldados veteranos, la Cámara Federal cometió un «abuso de autoridad» al dictar la resolución y no descarta la existencia de prevaricato.
Por esto mismo, indicó que el Estado argentino «tiene una deuda pendiente con los soldados conscriptos».
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