El parlamento ecuatoriano inició hoy el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por prolongar un contrato supuestamente perjudicial para el Estado, mientras numerosos simpatizantes del mandatario se concentraron en el parque El Arbolito -en las adyacencias de la sede legislativa- para brindarle su apoyo y seguir las alternativas del proceso en una pantalla gigante.
La sesión del pleno comenzó a las 10,17 (las 12,17 en la Argentina) con 109 parlamentarios presentes sobre 137, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El mandatario está acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
El proceso es considerado como una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.
Se trata de la segunda vez que en su mandato el conservador Lasso enfrenta un intento de sacarlo del cargo, porque en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumó 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.
Los legisladores interpelantes serán Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (derecha), quienes tendrán dos horas para exponer los argumentos acusatorios sobre la base de las pruebas actuadas en el proceso.
Posteriormente, Lasso tendrá tres horas para su defensa ante los integrantes del Legislativo, y una vez que concluya su exposición, las partes tendrán una hora para las respectivas réplicas.
Al finalizar las exposiciones, se dará paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante 10 minutos sin derecho a réplica, y al concluir este, se suspenderá la sesión para que en un plazo de cinco días el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convoque a otra sesión para la votación final.
En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, cuando concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
A Lasso le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.
Esa opción, llamada “muerte cruzada”, la puede decretar antes de la votación en el juicio, pero es una chance algo desdibujada porque habría comicios en 45 días y el crecimiento de las fuerzas alineadas con el expresidente Rafael Correa en las elecciones regionales de febrero parecen alejar esa posibilidad.
Tanto la Iglesia Católica como la Organización de los Estados Americanos (OEA) han pedido llegar a un acuerdo para proteger la democracia y dar las garantías al mandatario en el proceso.
Mientras, unos 100 colectivos ingresaron esta madrugada a Quito con manifestantes que apoyarán a Lasso a lo largo de toda la jornada.
Los simpatizantes, que portan banderas del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), se concentraron en el parque El Arbolito, donde se ha colocado una pantalla gigante para seguir el proceso de juicio político.
Se prevé que representantes de organizaciones sociales también se concentren en Quito mientras se desarrolla el juicio en la Asamblea, a la que Lasso llegará alrededor del mediodía (hora local) para defenderse de las acusaciones.