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Las inquietudes sobre el tratamiento y el destino de datos sensibles se plasmaron en distintas declaraciones y relevamientos. Una de las aristas preocupantes que presenta el tema es la desigualdad que genera la obligatoriedad del uso del mecanismo
Pocos días antes de que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, declarara vía decreto la cuarentena -que comenzó el 19 de marzo, cuando el país registraba 228 positivos de covid-19 y tres fallecimientos, y se prorrogó sucesivamente hasta convertirse en la más larga del mundo-, en una de las muchas columnas de opinión que publica este matutino se planteó que las medidas que se tomaban en el ámbito local y en el resto del mundo iban a tener consecuencias sociales, jurídicas, políticas y económicas.
Sobre las primeras, se aventuró que los efectos de la enfermedad y las reacciones que generó enfrentarían a las personas a una doble incertidumbre. Y así fue: creció el sentimiento de vulnerabilidad ante el virus y, a la vez, y de sospecha por el posible estatus de positividad.
La propagación de la enfermedad surgida en Wuhan, China, hizo temer que colapsaría no sólo el sistema de salud en todo el ámbito nacional sino también la dinámica de la convivencia social.
Como sucedió luego de otros eventos de alto impacto, como los atentados terroristas de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, en Estados Unidos, las demandas de seguridad se fueron incrementando. Más conscientes del riesgo por el mayor nivel de acceso a la información -no siempre veraz- algunos sectores subieron la presión sobre las autoridades para que garantizaran la integridad de la población. El correlato inevitable fue el aumento del control.
Problemas jurídicos
En las etapas tempranas del aislamiento, la agitación del momento no impidió que se expusieran advertencias sobre los riesgos que aquella escalada representaba para los derechos individuales y que se vaticinaran los nuevos problemas jurídicos que sobrevendrán.
A medida que pasaron los meses, ciudadanos de todo el mundo se enfrentaron a mecanismos cuestionables -y hasta inhumanos-, que se motorizaron argumentando que estaban destinados a protegerlos.
A fines de mayo, en Argentina, la descarga de la aplicación gubernamental Cuidar -presentada por el Gobierno a fines de abril, cuya función es indagar sobre síntomas y rastrear a pacientes con coronavirus a partir de la geolocalización- se volvió obligatoria para circular. La controversia por su implementación, que ya existía, se potenció.
Consentimiento
En ese entonces, concretamente, se cuestionó que no estuviera claro cómo opera el consentimiento previo si tener Cuidar es indispensable para obtener un certificado para sortear restricciones.
También se objetó que no se detallara quién controlaría su funcionamiento y el nivel de autoridad de cada jurisdicción al respecto.
En tanto, el hecho de que los periodistas bonaerenses y porteños también debieran descargarla -porque la Nación se quedó con la atribución de regular el requisito en la Ciudad de Buenos Aires- contribuyó a encender alarmas.
Consentimiento previo
La diputada Karina Banfi (Juntos por el Cambio) fue uno de los primeros miembros del arco opositor que se refirió al tema, en abril.
En mayo insistió con sus reparos. “Sigue sin estar claro cómo opera un consentimiento previo si nos obligan a bajar la aplicación para obtener un certificado”, afirmó a través de Twitter.
“El consentimiento nunca puede ser tácito”, agregó, postulando que los ciudadanos necesitan saber qué datos se van a obtener, quiénes los van a administrar y qué se hará con ellos cuando pase la pandemia.
Sobre la geolocalización, aunque reconoció que es una referencia que el Estado puede obtener en ciertos supuestos, recordó que el consentimiento previo e informado del usuario es fundamental y resaltó que no hay certeza de cuándo se activa ni de los mecanismos para neutralizarla.
Silvana Giudici, titular del Enacom entre 2018 y 2019, también apuntó en contra de la obligatoriedad. “No es legítimo trackear la circulación de la gente sin su consentimiento”, explicó.
Giudici fue terminante: opinó que no se puede forzar a una persona a descargar Cuidar porque los datos personales, de ubicación y contactos están protegidos constitucionalmente.
“Cuidar faculta al Estado a obtener datos de ubicación y su base, a priori, utilizada para recabar datos clínicos, es compartida por el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete”, alertó la ex funcionaria, quien definió como “inexplicable” la repentina imposición de uso.
Funcionamiento
En julio, el nuevo período de cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) motivó quejas por el funcionamiento de la plataforma: durante varios días, los usuarios que debían salir a la calle no pudieron descargarla o tuvieron problemas para actualizarla. Los mensajes al respecto se viralizaron en las redes y personas de todo el país anunciaron que iban a transitar rutas y calles para cumplir sus compromisos sin Cuidar en sus teléfonos, a pesar de exponerse a ser demoradas y sancionadas.
En ese contexto, la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), creada en 2011 y encabezada por la macrista Giudici, manifestó en un documento que la app figura entre las peores del mundo en cuanto a la vulneración a la privacidad.
El estudio señaló que el peligro que Cuidar representa para la privacidad es “alto” y que el riesgo de re-identificación es “muy alto”.
Derechos Humanos
El mes pasado, Amnistía Internacional (AI) hizo su aporte al debate. Tras reunirse con integrantes del Gobierno, emitió el documento “Los riesgos de la App Cuidar: algunas preocupaciones de derechos humanos”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, valoró el diálogo con las autoridades y los cambios que hicieron luego de escuchar a los referentes del grupo. Sin embargo, aclaró que seguían con dudas.
AI puso énfasis en el tema más sensible que implican mecanismos de control como Cuidar: el manejo de antecedentes de salud.
A ese respecto, subrayó que aunque la ley de Protección de Datos Personales exige una normativa que autorice expresamente su recolección y tratamiento y la preservación de la identidad de sus titulares, esa legislación no existe.
Bajo esa premisa, y como la identificación es un requisito para poder utilizar la plataforma, indicó que el Gobierno debería ser capaz de demostrar técnicamente -y de forma transparente- que es imposible “desanonimizar” los datos sensibles.
Paralelamente, juzgó que la carga de someterse a un autodiagnóstico de síntomas es prescindible. “Cualquier persona puede tramitar el permiso de circulación sin que se le solicite información sobre su salud”, estimó.
Asimismo, AI manifestó que inquieta cómo se almacenan y tratan datos y si bien elogió que el Gobierno haya publicado el “código fuente” de la app, aclaró que todavía no se conoce el “backend”, lo que permitiría analizar aquellas gestiones.
“Tampoco hay información pública sobre las garantías de protección y seguridad de los datos sensibles que permitan el control externo e independiente”, acotó.
Conectividad
En otro tramo de su estudio, AI abordó una problemática vinculada al uso obligatorio de la app y denunció que la exigencia de contar con “determinada documentación, tecnología y conectividad” para acceder a derechos afecta la igualdad y la no discriminación.
En esa dirección, recordó que muchos ciudadanos carecen de la tecnología o del conocimiento necesarios para descargar y usar Cuidar y que ello los excluye de la posibilidad de tener los mismos derechos que otros.
“Amnistía Internacional pide al Estado que en la medida que implemente tecnología para combatir la crisis sanitaria de Covid -19 incorpore las salvaguardas necesarias para demostrar que respeta plenamente los derechos humanos”, consignó finalmente.
Horas después de que trascendieron las conclusiones de AI, la Secretaría de Innovación Pública emitió vía Twitter un comunicado en el que aseguraba que resguarda datos, que no rastrea a los usuarios y que creó una página web que, entre otras cosas, reseña términos y condiciones, pautas de funcionamiento y avances “para futuras versiones de la plataforma”.
“De acuerdo a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, publicamos el código de la app”, precisó también, aunque aclaró que considera que la difusión del ‘backend’ sería “contraproducente para garantizar la protección de los datos”.
En el mismo posteo, argumentó que las referencias requeridas en el autodiagnóstico se imponen “para determinar si un caso es sospechoso o no”.
La magra respuesta de la secretaría no cerró el debate. Al contrario: Amnistía Argentina contestó la suerte de descargo gubernamental expresando que a dos semanas de la reunión que sus representantes mantuvieron con funcionarios de la Secretaría de Innovación Pública -que responden al jefe de Gabinete Santiago Cafiero- para alertar sobre diversas falencias, sus preocupaciones persistían; en especial, por el destino de los datos.
Archivos
AI también resaltó que tener certezas sobre ese punto es importante para garantizar que no se estén formando archivos o bases que puedan revelar información sensible de salud y reiteró que no se conoce el código del ‘backend’ ni hay garantías alternativas que permitan una auditoría externa, para analizar cómo son almacenados y tratados los datos.
Una arista problemática de Cuidar que pasó desapercibida cuando se implementó es que muchos ciudadanos no cuentan con la tecnología o el conocimiento para descargarla y que ello los excluye de la posibilidad de acceder a los mismos derechos que otros.
Cabe recordar que entre las propuestas para dotar de mayor claridad al sistema que le sugirió al Gobierno figuraba la idea de publicar aquel código, porque con él se puede saber cómo se almacena y trata la información en los servidores.
Parámetros
En el plano de la igualdad de derechos, AI reiteró que la posibilidad de circular no puede depender sólo de tecnología, ya que esa forma de encarar el asunto deja fuera a las personas mayores o con discapacidad.
“El sistema sigue siendo poco transparente y faltan parámetros de igualdad”, subrayó.
Por lo pronto, en las redes abundan los posteos de particulares que avisan que ignoran si deben seguir actualizando la app para circular o que, directamente, intentan hacerlo y no lo consiguen. Es decir, reportan que sigue habiendo problemas, tanto de comunicación con los responsables de Cuidar como de índole técnica.
Desde el inicio del confinamiento, que se aplicó con matices en cada país, se planteó un interrogante global sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre los derechos individuales de las personas y el grado de invasión sobre su intimidad y sus libertades.
Temporada
Pese a los interrogantes que suscitan distintos aspectos de la app, a dos meses de que se inicie la temporada estival, los intendentes de Mar Chiquita (Buenos Aires), Jorge Paredi; de Necochea, Arturo Rojas, y de La Costa, Cristian Cardozo, anticiparon que están diseñando junto con la Nación y la provincia de Buenos Aires “un verano con distanciamiento” en las playas, con “una variante de Cuidar para los veraneantes” e, incluso, con un “soft de trazabilidad”, para detectar a los contactos estrechos de turistas que se contagien de coronavirus durante sus vacaciones.
El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a cargo de Matías Lammens, confirmó que será necesario completar datos en la aplicación para informar a las autoridades sobre el destino al que se viaja y sobre la “situación epidemiológica” de la persona o del grupo que se traslade.
Lammens explicó que la medida servirá para “tener información online sobre la capacidad de cada destino”, a fin de que cada municipio avizore, por ejemplo, “si está por colapsar”.
“Se debe garantizar el control externo e independiente sobre la forma en que se almacenan y tratan los datos sensibles que recolecta Cuidar”.
(Amnistía Internacional Argentina)
Al respecto, Cardozo puntualizó que se tratará de una adaptación de Cuidar para el turismo, a lo que “aparentemente se sumarán softwares para indicar el aforo en las playas».
Según Cardozo, el modelo se tomó de una aplicación que funcionó con éxito en Barcelona, que posibilita visualizar las playas y restaurantes con menos gente, entre otras prestaciones.
Ranking mundial
-En julio, LED -la fundación dedicada al monitoreo del ejercicio de la libertad de expresión que a lo largo de casi una década presentó informes anuales sobre el tema y asuntos vinculados, como el destino de la pauta oficial- emitió un documento sobre Cuidar.
-LED incluyó información sobre 31 países y plasmó que Argentina está en el quinto lugar del ranking mundial de Estados con mayor afectación a la privacidad, después de China, Bahrain, Corea del Norte, Irán e India.
-Según el trabajo, la app accede a datos personales y sensibles a partir de la aplicación de “un protocolo de privacidad centralizado que incluye un grado de mayor información personal” y señaló que no cumple con estándares de transparencia adecuados.
-En tanto, precisa que desde el momento del registro “otorga y renueva la identificación temporal las veces que sea necesario”, lo que implica que no haya anonimato posible.
-LED estableció que como la aplicación y, por lo tanto, el sistema, se basa en un protocolo centralizado, el riesgo de re-identificación es muy alto y que el peligro para la privacidad es alto.
Varios problemas y fallas de seguridad
Por Luciano Monchiero (*)
Cuidar se lanzó para permitir que los usuarios puedan trasladarse, siempre que estén habilitados, en época de cuarentena. Solicita datos personales y sensibles, ya que hacen referencia a la salud.
Los términos y condiciones refieren que utiliza funciones de geolocalización. La duda es si es necesario tener las 24 horas, durante toda la semana, información de personas que quizás no tengan síntomas de coronavirus.
En ese sentido, cabe preguntarse en qué medida se justifica recolectar datos todo el tiempo: si día a día se junta una pequeña porción de información de un usuario, al cabo de una semana se multiplicará siete veces, con lo cual se contará con casi su vida y obra; es decir, con datos privados sin vínculo con la salud.
Cuidar accede al número de teléfono y de DNI, lo cual implica que en todo momento quien la usa está identificado. Ello demuestra su nivel de intromisión, ya que no sólo se sabe quién es el usuario sino también dónde está, lo cual permitiría contar con más contenido y posibilitaría que los datos se usen con fines distintos a los sanitarios.
Juez
Si a un juez siempre se le exige que justifique razonablemente, a fin de evitar afectar libertades y derechos de ciudadanos, que detalle a través de qué medios, por cuánto tiempo y con qué fin recabará información de personas, Cuidar debería funcionar respaldada por una ley que habilite el uso y el tratamiento de datos de ciudadanos, de forma específica.
El análisis de los términos y condiciones se pone interesante cuando se llega al punto 2.9, que refiere que se le solicitarán al usuario permisos como el uso de cámara de fotos para escanear el DNI. Siguen surgiendo inquietudes: debemos considerar si es necesario habilitar aquélla sólo para tomar una imagen.
Por otra parte, en su punto. 5.9 consigna que los datos sensibles y los relacionados a la geolocalización se guardarán mientras dure la emergencia sanitaria. Luego anuncia que podrán preservarse versiones anonimizadas.
Mi pregunta es: ¿Cómo se hará para que un dato o información identificado pase a un estado de ‘anonimización’ posterior?
Cuidar nada dice con relación al tiempo durante el cual serán usados los datos. Así, el usuario no sabe cuándo finalizará el rastreo de su información y qué tratamiento se le dará. Tampoco tiene la opción de solicitar su eliminación y que se acredite debidamente.
En lo que respecta a la seguridad, puedo mencionar que miembros del equipo donde trabajo (ISLC Security) identifican vulnerabilidades; en especial, fallas que permiten duplicar documentos.
Ahora bien: ¿qué pasaría si -por cuestiones de fallas de seguridad- un ciberdelincuente accede a la base de datos de personas contagiadas y las hace públicas? ¿No habría peligro de “represalias”, como ya hemos visto a lo largo de estos meses, en contra de pacientes o médicos que trabajan expuestos al virus?
Brecha digital
Otro de los problemas que presenta Cuidar es el tema de la brecha digital, que según el informe de Amnistía internacional no permite que todos los ciudadanos accedan a la app, disponible solo para sistemas operativos específicos.
En conclusión, estamos frente a una aplicación que carece de seriedad y que no brinda seguridad.
No se toma dimensión de que inmensas bases de datos pueden llegar a manos que podrían darle un uso poco preciso y hasta ilegal.
Al respecto, se puede mencionar lo que se conoce como bio-identidad política, mediante la cual los gobiernos, a través de la exigencia de usar aplicaciones, pueden obtener todo tipo de información. Se trata de un debate que se profundizará.
Como se busca la transparencia, es requisito sine qua non que los gobiernos la acrediten y que resguarden y protejan los derechos humanos; en especial, la privacidad.
Sin claridad de pautas de uso, sin una respuesta oficial que detalle por qué o para qué se realizan distintos procesos, desarrollos como Cuidar difícilmente puedan tener éxito.
Asimismo, cabe agregar que las instituciones argentinas no muestran seriedad a la hora de encaminar este proyecto digital.
(*) Abogado. Magíster en investigación en cibercrimen y cómputo forense.
