Entre los efectos de la crisis económica del 2001 y las medidas dictadas para contrarrestarla, quedaron atrapados los ahorristas argentinos. Pequeños y medianos empresarios, comerciantes, profesionales y trabajadores, al no contar con ingresos suficientes, no pudieron hacer frente a sus deudas. “Semejante estado de cosas llevó a la sanción de la ley 25561 (de emergencia) y del decreto 214/02, normas que se constituyeron en la base jurídica de la pesificación asimétrica y de la compensación a las entidades financieras. A partir del dictado de aquellas resoluciones, toda la normativa respondió a los intereses sectoriales privilegiados, con olvido del bien común”, sostiene el abogado Víctor Moncada en la introducción de su libro “La pesificación asimétrica, argentinos en crisis”, que mañana presentará a las 19 en el Salón Auditorio de la Universidad Empresarial Siglo 21 (Ituzaingó 484).
Dentro de la legislación de emergencia, se conoce como pesificación asimétrica la conversión a pesos de todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares u otras monedas extranjeras –sin importar la causa u origen, judicial o extrajudicial- y pendientes de cumplimiento al 3 de febrero de 2002. El autor local adelantó de qué se trata el nuevo título que, editado por Comercio y Justicia Editores, promete ser una herramienta para profesionales y magistrados.
– ¿Cuál es el eje del nuevo libro?
– Luego de la emergencia se da un contexto que nos demuestra que estamos frente a un nuevo escenario, un nuevo orden social, jurídico, y hay que plantear teorías para que sean después utilizadas en la práctica y se resuelvan los conflictos. El primer escenario nos encuentra a los débiles -ahorristas o deudores- frente a los poderosos -los bancos-. Luego, la legislación dictada por el Gobierno nacional sólo sirvió para solucionar los problemas de unos pocos. La Corte (Suprema de Justicia) también toma la solución, pero ello no alcanza a la devolución de todos los ahorros junto a su renta. Entonces, el libro plantea que la autonomía de la voluntad como principio en los contratos, en estos casos, nunca existió. El que fue a depositar un ahorro lo tuvo que depositar sí o sí porque no pudo poner ninguna condición. El que fue a tomar un crédito lo tuvo que tomar o lo dejaba. Para lograr el desarrollo de cada uno de estos sectores hubo que aceptar partes impuestas por los bancos. Luego, el Gobierno nacional compensó exclusivamente a los bancos y los jueces no entendieron que la compensación alcanza -sobre todo en el caso de los deudores y de la Justicia ordinaria- a los débiles, a los deudores, a los que tomaron los créditos para poder acceder a la vivienda digna. Después de estos seis años nos encontramos con una falencia: nadie supo interpretar cuál fue la realidad que nos dejó la emergencia.
– ¿Qué plantea entonces?
– El libro plantea analizar el contexto, porque el contexto anterior a la emergencia se produjo por los altos intereses que los bancos cobraron, las altas ganancias y ‘spread’ que tuvieron. Ello desabasteció o dejó sin contenido a otros sectores de la producción. Como lo dijo el juez Boedo en 1979, el banco se convirtió en el usufructuario del sistema que se llevó la ganancia de la renta, del que da la propiedad, de la empresa y del trabajo, con el agravante de que esas ganancias después fueron giradas al exterior.
Moncada aporta jurisprudencia de las emergencias del 2