ESCUCHAREl gobernador santafesino autorizó la presencia policial en las instalaciones para evitar bloqueos sindicales. Denuncia del gremio Atilra
El Gobierno de Santa Fe dispuso la presencia de fuerzas de seguridad en el interior de la planta que la cooperativa láctea SanCor posee en la localidad de Sunchales, a raíz de un largo conflicto laboral que suele paralizar las actividades, lo que fue denunciado como «una escalada de intimidación» por el cuerpo de delegados sindical.
La decisión de enviar fuerzas policiales fue confirmada a la agencia Télam por voceros de la cartera de Seguridad provincial, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales.
La medida tiene por objetivo garantizar el derecho laboral de los empleados que no adhieren a las medidas de fuerza, y también la de los huelguistas. «Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario», sostuvo Báscolo. «Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo», agregó.
La planta de SanCor en Sunchales atraviesa un largo conflicto laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra. El gremio dispone medidas de fuerza por demoras en cancelación de los haberes de sus afiliados que, en algunos casos, paralizó la principal planta de la compañía láctea.
Ante esa situación, luego de la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió el envío de fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos, medida que fue celebrada por un autodenominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que agradeció al gobernador «por disponer a la policía en la planta».
Para el cuerpo de delegados de Atilra en SanCor, en cambio, la presencia policial significa «una escalada de intimidación».
En una carta abierta dirigida al gobernador Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en «un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público«, ya que debe bregar por la superación de los conflictos, no por su agravamiento usando la fuerza policial.El cuerpo de delegados justificó esos dichos al señalar que el propio ministro de Trabajo reconoció el atraso en el pago de salarios y que, entre sus funciones legales, se encuentra la de «fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente» y «aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones que regulan el trabajo».
