ESCUCHARTodos coinciden en que el Consejo de la Magistratura de la Nación debe sufrir un drástico cambio que termine con su actual composición de carácter altamente política y se convierta en un órgano capaz de seleccionar magistrados, instruir sumarios y aplicar sanciones a los jueces con base en un criterio objetivo y justo.
El debate en el Congreso está pendiente y los proyectos en danza son múltiples y variados. La semana pasada, la Asociación de Magistrados dio a conocer los lineamientos de su propuesta y posteriormente lo hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que giró su iniciativa a todos los colegios del país -mediante la Federación Argentina de Colegios de Abogados- para que emitan una opinión antes del 6 de agosto (ver página 7). Sobre el tema, Comercio y Justicia dialogó con el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Jorge Curtó.
– La Asociación de Magistrados plantea en su proyecto elevar de 13 a 16 la cantidad de miembros del Consejo, incorporando a un abogado, a un juez y a un académico. ¿Qué piensa al respecto?
– En lo primero que hay que pensar es en derogar la ley 26080, que cometió un verdadero “constitucionicidio” porque agravó el desequilibrio que ya existía en la ley anterior de creación del Consejo de la Magistratura. Luego, en lo que hay que pensar es que más allá de cuál sea el número de los integrantes -algo que no es esencial- lo importante es el equilibrio y la participación estamentaria. Tiene que haber un equilibrio entre jueces, abogados y políticos, esto quiere decir igual número de integrantes y también tienen que tener participación la Academia Nacional de Derecho, las universidades y el poder político, por medio del Ministerio de Justicia de la Nación.
– ¿Qué piensa respecto de que el titular de la Corte Suprema presida el Consejo?
– Estoy de acuerdo con que un miembro de la Corte integre el Cuerpo, puede presidirlo o no, eso no es importante. También creo que ese miembro de la Corte no necesariamente tiene que ser el presidente, cualquier miembro sería suficiente.
– ¿Está de acuerdo con que se realicen los concursos todos los años, aun cuando no haya vacantes?
– Estamos a favor de la periodicidad de los concursos. De ese modo no habría que esperar, una vez ocurrida la vacante, un año como mínimo para ocupar el cargo. De cualquier manera, el mayor responsable de la falta de integración de los cargos vacantes es el Poder Ejecutivo, porque existen muchas más ternas integradas por concursantes que designaciones hechas por el Ejecutivo. La demora está en éste y eventualmente en el Senado, no siempre en el Consejo de la Magistratura; aunque debemos reconocer que éste está manejado por los políticos y, por lo tanto, hoy está resentido su funcionamiento.
– ¿Le parecería correcto que las Cámaras instruyan los sumarios en el caso de denuncias, como plantea Magistrados?
– De ningún modo, porque la instrucción no es una cuestión menor ni secundaria, y no la puede hacer el mismo poder al que pertenece el funcionario denunciado, sería un rasgo corporativo dentro de un sistema que especialmente busca no serlo.
