ESCUCHARLas detenciones de procesados por hechos de corrupción generaron una ola de denuncias sobre un supuesto “plan de persecución”. El frondoso prontuario de los encausados se deja al margen. No obstante, abren la oportunidad para hacer reflexiones
Por Nicolás Piccioni*
Durante las últimas semanas, la Justicia federal despertó de su letargo. Al parecer, los jueces se dieron cuenta de que llegó la hora de que los ex funcionarios procesados en el marco de causas por corrupción respondan y, bajo esa premisa, dispusieron medidas tendientes a asegurar los resultados de las investigaciones en curso.
Ante esta situación, muchas personas vinculadas con el gobierno anterior pusieron el grito en el cielo.
Luego de años de mirar para otro lado en lo que a justicia se refiere -la tragedia de Once y otros crímenes impunes son claros ejemplos-; de tratar a víctimas como victimarios y a éstos como incomprendidos- se rasgan las vestiduras. Manifiestan que la República está en peligro y que los encarcelamientos forman parte de un “plan de persecución judicial” ejecutado por decisión del Poder Ejecutivo.
Legislación
Convenientemente, omiten relacionar esa supuesta agenda con la legislación que les permite a los magistrados perseguir a los encausados; es decir, el Código Penal (y las leyes de rito aplicables, según el caso).
Un perseguido político es alguien que es hostigado porque sus ideas ponen en peligro o amenazan al régimen político establecido.
Mal podría afirmarse que el ex vice presidente Amado Boudou, por citar un ejemplo, es un perseguido. Además de las imputaciones que lo llevaron a la cárcel, como presunto jefe de una asociación ilícita que se enriqueció ilegalmente, pesan sobre él incriminaciones por la renegociación irregular de la deuda de la Provincia de Formosa cuando era ministro de Economía, y por su participación en el entramado de la venta de “Ciccone”, entre otras.
En resumen, Boudou es un “perseguido político” que, según se determinó hasta ahora, habría perpetrado casi todos los delitos que puede cometer un funcionario público. ¿Cómo puede sostenerse ese argumento? ¿Cómo puede equiparárselo a una persona que es perseguida por sus convicciones? ¿Cómo se alega que no hay división de poderes?
Podríamos analizar el planteo desde otros ángulos: ¿está en peligro la República cuando la Justicia actúa o estuvo en peligro cuando permaneció inactiva? ¿Había República cuando el empresario Lázaro Báez era arropado por el Ministerio Público Fiscal, con el asentimiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y cuando hostigaban a jueces no alineados con “carpetazos”, a periodistas con el aparato de propaganda financiado con fondos públicos, a empresarios por medio de la Secretaría de Comercio y a disidentes valiéndose de la AFIP, había República?
¿No estuvo en riesgo la República cuando la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, casi logra disciplinar al fiscal José María Campagnoli, cuando intentó investigar a Báez?
Los simpatizantes del gobierno anterior, con una actitud que pondría orgulloso a Tartufo, están preocupados por la institucionalidad y ponderan valores republicanos que no respetaron ni defendieron cuando fueron avasallados. Eso, más allá de que el debate y la vigilancia sobre el accionar de quienes tienen poder siempre son positivos, impone que sus arengas sean desmenuzadas. No son la reserva moral de la Nación.
No hay que asustarse por el accionar de la Justicia. No está en peligro la República.
Proteger pesquisas
El Poder Judicial, finalmente -sin dejar de reconocer que hay mucho por debatir y por hacer y que es perfectible- está haciendo lo que debería haber hecho hace años: activar pesquisas; protegerlas de eventuales fugas y obstrucciones y acumular pruebas que, en su caso, lleven a juicios orales y públicos en la mayor brevedad posible, una garantía elemental y, además, una necesidad. La etapa clave es el debate, como sucedió con el caso Once.
Además, que el fundamento para dictar órdenes de detención y preventivas, en general, haya sido que, por sus conexiones e influencia, los detenidos podrían entorpecer las investigaciones, es un buen precedente. A partir de ahora los jueces no tendrán excusas cuando tengan elementos de convicción suficientes para sospechar que un funcionario actual delinquió, dado que aquel riesgo se dará en mucha mayor medida.
*Periodista. Columnista del programa radial A Contramano
