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Gremios se movilizan por el ajuste de De la Sota

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Se concentrarán a media mañana frente a la Caja y luego marcharán por el centro. Habrá paro de UEPC y Suoem. EPEC, SEP, Judiciales y La Bancaria, con asambleas. El artículo 3 de la norma habilita una baja en los aportes personales a cuenta de aumento de sueldos y abre las puertas para el cálculo por debajo del 82% sobre el bruto “original”.

Los gremios del sector público provincial concretarán hoy medidas de fuerza y una movilización conjunta en rechazo de los cambios al régimen jubilatorio votados en trámite exprés por la Unicameral en la noche del miércoles último. La medida se repetirá el miércoles próximo.

Asimismo, cada gremio avanzará en el análisis de diferentes alternativas para frenar la vigencia de la norma. El combo incluye judicializar la flamante ley.

La decisión se adoptó ayer al mediodía luego de una reunión convocada en la sede del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), de la que participaron todos los sindicatos estatales.

En ese marco, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) dispusieron para hoy un paro de 24 horas.

En tanto, los empleados del Banco de Córdoba de la ciudad capital nucleados en La Bancaria realizarán asambleas desde las 8 y luego un abandono de tareas, por lo que en la práctica no habrá atención al público.

Similar modalidad prometen los empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) enrolados en Luz y Fuerza.

En tanto, el SEP concretará un abandono de tareas a las 10. En rigor, la atención en las dependencias públicas provinciales estará literalmente paralizada.

A las medidas también adhiere el gremio de judiciales.

Los sindicatos del sector público convocaron para media mañana a una concentración frente a la Caja de Jubilaciones y posterior movilización a un destino aún no determinado, aunque trascendió que podría ser el Centro Cívico o la Legislatura.

“Mañana (por hoy), cada gremio decide el paro o abandono de tareas según su modalidad. El miércoles, paro o abandono con la modalidad que el gremio adopte, con concentración y movilización en conjunto”, señaló ayer al mediodía el titular del SEP y legislador de Unión por Córdoba, José Pihen.

“Nuevo” bruto violenta el 82%

En paralelo a la movilización y denuncia pública de la nueva ley y particularmente de la decisión de diferir por seis meses los aumentos a los pasivos respecto a los activos, los gremios advirtieron que la norma abre las puertas para el cálculo del haber inicial con base en un haber bruto menor que el vigente. En los hechos, quedaría sin efecto el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto tal como se conoce hasta el momento.

La referencia tiene que ver con el artículo 3 de la norma: “Modificación de Aportes y Contribuciones”. El texto señala: “Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 8024 (t.o. Decreto N° Poder Ejecutivo Córdoba 40/2009) por el siguiente texto, a saber: «Facultad del Poder Ejecutivo para modificar contribuciones. Facultad para modificar aportes con acuerdo del Poder Legislativo. Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales establecidas en la presente Ley, previo informe de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, en función de los requerimientos presupuestarios y la política remunerativa y previsional que se fije, requiriéndose, en caso de incremento de los aportes personales, acuerdo del Poder Legislativo.

A fin de mantener la sustentabilidad del régimen previsional, en el caso que se disminuyera el aporte personal, éste porcentaje se imputará a cuenta de futuros aumentos de salarios y, correlativamente, deberá incrementarse la contribución patronal en la misma proporción que se redujeron los referidos aportes”.

Ese último párrafo habilita un cálculo diferente del 82 por ciento. Es que, según señalaron fuentes gremiales, si el Ejecutivo resuelve, por caso, dar un aumento salarial de 15 por ciento, podría decidir aplicar una baja en los aportes personales desde el 18 por ciento actual a 11 por ciento y aplicar una suba de haberes de 8 por ciento y no de 15%, como previó.

De esta manera, el haber bruto, por caso si partiera de la base de 10 mil pesos, sería de 10.800 pesos y no de 11.500 pesos si se hubiera aplicado la suba, como hasta ahora.
En esos términos, el cálculo del haber inicialpara el futuro jubilado partirá de la nueva base de 10.800 y no de la mayor, por lo que, en la práctica, no tendrá el 82 por ciento sobre el bruto “original” sino sobre el “nuevo” bruto, o sea el 77 por ciento móvil.

Ese artículo y esa posible modalidad de cálculo no fue informada el miércoles por el gobernador José Manuel de la Sota al momento de anunciar los cambios que proponía el proyecto enviado a la Legislatura, que luego fue votado en un trámite relámpago.

Fuentes oficiales consultadas por este medio admitieron que el artículo abre esa alternativa y recordaron que existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia del año 2010 en el caso Bossio que habilita el cálculo del 82 por ciento móvil sobre el sueldo líquido como piso mínimo.

Con todo, esa sentencia se encuentra hoy en análisis de la Corte Suprema de Justicia, previo pronunciamiento ya emitido por la Procuración General.

Por lo pronto, los gremios están abocados de lleno al análisis de los artículos de la ley.

En el marco de la embestida que preparan en todos los frentes, ayer fuentes sindicales anticiparon a Comercio y Justicia que también irán a la Justicia para denunciar la aplicación de la ley con el próximo aumento.

Ocurre que, según la versión gremial, el acuerdo salarial homologado en la cartera laboral para el año en curso dejaba explícito su correspondiente traslado en tiempo y forma a los jubilados, situación que se va a modificar ahora con el segundo escalonamiento del aumento.

Hasta hubo interpretaciones que aseguraban que, en rigor, los seis meses para el cobro se convertirán en siete porque la ley dice que “el reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días, computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.

Asimismo, insistirán con las alternativas presentadas oportunamente para mejorar los ingresos de la Caja, entre ellas agregar más aportantes.

Defensa de González

En tanto, ayer, el jefe de Gabinete, Oscar González, volvió a defender la flamante ley y señaló que urgía en el marco de una situación crítica de las finanzas de la Caja, producto de la falta de envíos nacionales. González aseguró que los gremios estaban al tanto de los cambios que se hicieron.

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