ESCUCHARLa procuradora General llamó a revisar el rol de jueces y fiscales, avanzar en el modelo acusatorio y crear cuerpos especializados de investigación.
“Atravesamos la crisis de los modelos inquisitivos y es necesario revisar los roles de jueces y fiscales y sus funciones de investigar y juzgar”. Así, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, daba inicio a la última fecha del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas, que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata y abordó uno de los ejes incluidos por la presidenta Cristina Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias.
Gils Carbó fue una de las figuras más esperadas del evento y expuso sobre la necesidad de avanzar con un modelo acusatorio, como el que ya está ejecutando la mayoría de las provincias.
La procuradora General sostuvo que “el sistema acusatorio es el más adecuado para garantizar la seguridad democrática porque implica definir los roles que debe tener cada actor principal del proceso”. Explicó Gils Carbó que “Es necesaria la modernización de la Justicia. El modelo acusatorio es pasar de una cultura del trámite a una cultura del litigio”, haciendo hincapié en la intención de que sean los fiscales quienes lleven adelante la investigación de los delitos y los jueces quienes juzguen.
Los expertos que abordaron este panel hicieron referencia a la crisis de los modelos inquisitivos –como el que hoy tiene Argentina–, que son progresivamente descartados, como viene sucediendo en toda América Latina. En referencia a las experiencias disímiles sobre las que se avanza en las provincias, se señaló la importancia de “unificar el sistema procesal penal”, camino en el que -todo parece indicar- se están embarcando los estamentos político y judicial en los próximos meses.
El eje de debate de los expositores –en la que fue, sin dudas, la jornada más intensa del congreso– rondó en torno a la búsqueda de un modelo procesal más idóneo que garantice “una verdadera seguridad democrática que conlleve a la paz social. El modelo acusatorio sería más apto para estos objetivos porque cambia la lógica inquisitiva de excluir a la víctima del proceso y los fiscales tienen la responsabilidad de apoyar su participación”, sostuvo. El ministro de Justicia, Julio Alak, fue enérgico al indicar que “es necesario un sistema simple como el acusatorio. “¿Quién lo prohíbe? –preguntó al auditorio–, la verdad es que todos lo piden”.
Combate al crimen organizado
Gils Carbó catalogó este proceso de reforma como “un verdadero giro de timón en el combate de los delitos federales que están englobados en el crimen organizado”. En este plano, se refirió a la alternativa de suprimir la delegación de la investigación en la policía y avanzar en la conformación de cuerpos especializados e interjurisdiccionales para investigar los delitos más complejos, como el narcotráfico o el lavado de dinero, línea en la que ya se encuentra avanzando la Procuración.
“Hoy existe la delegación policial y es la policía la que aporta la prueba y define los autores de los hechos y esto es una clara deformación de la persecución penal”, advierte Gils Carbó, al tiempo que señala una gran preocupación por “el grado de abandono de la persecución de la criminalidad económica, dado que se persiguen delitos sencillos, como los robos o los hurtos, pero cuando se trata de temas complejos el sistema no tiene una respuesta adecuada”. Ante esto, la procuradora aprovechó para pedir por la implementación de una policía judicial especializada y de analistas criminales, todo en el marco de una planificación estratégica del sistema procesal.
En este contexto, sostuvo que su gestión avanzó con la modernización del Ministerio Público mediante la creación de cuerpos especializados, como las procuradurías de Criminalidad Económica, Narcocriminalidad, Lesa Humanidad, Trata de Personas y Violencia Institucional.
Gils Carbó denunció un ínfimo nivel de delegación de causas a los fiscales: “Sólo 7% de las causas son delegadas por los jueces para su investigación”.
Hacia un nuevo código
Sobre el plazo en el que se espera esta reforma, la procuradora vio este año como auspicioso e hizo hincapié en que existen en el país juristas expertos para darle forma al código, dado que ellos mismos han participado del diseño de los textos de otros países latinoamericanos.
Asimismo, explicó que para la aplicación del sistema acusatorio sería claramente necesario que se multiplique el número de fiscales, lo cual conllevaría una mayor inversión.
Consultada sobre las posibles resistencias a este modelo, las minimizó dado que “se trata de sistemas que América Latina ha implementado. Los procesos inquisitivos de los expedientes, de la oscuridad de los procesos que duran décadas, han sido descartados, sólo Uruguay y
Argentina siguen con este modelo inquisitivo”, aunque definió la Justicia como “conservadora” y algo reticente al cambio.
Por otra parte, fue contundente al sostener que es necesario que el Ministerio Público y las autoridades judiciales sean quienes decidan la política criminal, en vez de delegar esto en la policía.
