ESCUCHARAnte la posibilidad de cambios en la composición de las cámaras del Congreso nacional, varios sectores económicos y políticos reactivaron el debate sobre la coparticipación impositiva. En el marco de una jornada sobre el tema organizada por la Unión Industrial de Córdoba, Comercio y Justicia dialogó con el constitucionalista Antonio María Hernádez, quien señaló como principales responsables de impulsar las transformaciones sobre el tema a la Jefa de Estado y a los gobernadores, al tiempo que propuso la creación de una Conferencia de mandatarios provinciales, “para dialogar en condiciones de igualdad” con el gobierno federal.
– ¿Qué análisis merece, desde el punto de vista constitucional, la situación de la coparticipación?
– Este tema revela, en primer lugar, una ostensible violación de la Constitución Nacional, que se produce en éste como en otros campos. En este tema en particular, por disposición transitoria, la Convención Constituyente había establecido que al 31 de diciembre de 1996 tenía que estar sancionada la ley convenio de coparticipación impositiva. Aquí resulta evidente el incumplimiento de la Constitución en que han incurrido los sucesivos presidentes y los gobernadores, que son quienes tienen la responsabilidad del primer acuerdo.
– ¿Es decir que la responsabilidad cae tanto sobre los presidentes como sobre los gobernadores? ¿Por qué?
– Porque son los primeros que tienen la responsabilidad de acordar. Posteriormente ese acuerdo tiene que ser aprobado por mayoría absoluta de cada una de las cámaras del Congreso nacional, y después, esa ley convenio requiere la aprobación de cada una de las legislaturas de las provincias.
– ¿Qué principios deberían orientar esa ley convenio?
– Esa ley tiene que respetar una serie de principios constitucionales que hacen referencia a cómo tiene que ser la distribución primaria (o sea la que corresponde al gobierno federal por una parte y a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por otra), que debe hacerse esencialmente con base en las competencias y servicios que presta cada uno. Y luego de eso están los principios que deben orientar la distribución secundaria (lo que le corresponderá a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma, y también a los municipios), que son aquéllos que tiendan a asegurar una igualdad de oportunidades en la vigencia de los derechos para todos los ciudadanos argentinos. Resulta urgente proceder a la sanción de esta ley convenio.
– ¿Qué pasos deberían darse para su sanción?
– Ocurre que los gobernadores, individualmente, no tienen el mismo peso político para dialogar con el presidente. Por ello he sostenido que tiene que existir en la Argentina una nueva institución, que es el Foro o Conferencia Nacional de Goberadores, como existe en México o Estados Unidos, a los fines de que pueda producirse un diálogo en una igualdad de peso o de poder político. Porque ahora el diálogo normalmente se da a través de la Comisión Federal de Impuestos, pero se hace con ministros o con representantes de ministros.
