ESCUCHARA mediados de diciembre pasado, al final de un año difícil para el sector público y privado en Argentina, el Gobierno nacional anunció la conformación de un Fondo del Bicentenario. La iniciativa pretendía utilizar 6.569 millones de dólares de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para ofrecerlos como prueba de capacidad de pago a los acreedores externos durante 2010. La medida desató una serie de consecuencias institucionales, políticas y económicas que aún no culminaron y, de hecho, el Fondo todavía no se pudo implementar.
La maraña judicial en que derivó el asunto hace muchas veces perder de vista el debate estrictamente económico sobre el Fondo del Bicentenario. Comercio y Justicia recuperó algunas de las múltiples opiniones vertidas durante los últimos días a través de los medios de comunicación por economistas de distinta adscripción, con el objeto de reconstruir –de manera ficticia- un contrapunto sobre el tema.
Desde la heterodoxia económica, Eric Calcagno –quien además es senador nacional por el FPV-, defendió la iniciativa señalando que “tiene como objetivo el servicio de la deuda pública, en especial aquélla denominada en moneda extranjera. En el momento de efectuar los pagos, el Tesoro podrá utilizar el dinero de este Fondo en vez de adquirir las divisas necesarias en el momento de su vencimiento. No se trata de un pago anticipado, sino de dar una señal inequívoca de que existen la voluntad y los fondos para esos pagos”.
Según interpretó Calcagno, esta señal “permitirá disminuir la percepción del riesgo-país (lo que ya sucede), con el consiguiente incremento del valor de los títulos públicos y reducción de las tasas de interés. De este modo, se beneficiará no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que deseen tomar crédito”.
Por último, Calcagno respondió a una parte de las críticas que diversos sectores políticos y económicos realizan al Fondo: “En los hechos, si las reservas quedan fuera del esquema de política económica del Gobierno (flotación administrada), lo que se está planteando es abandonar el actual sistema cambiario para adoptar la flotación ‘pura’. En la actual coyuntura de excedente externo, esto significaría una apreciación del peso; es decir, un dólar barato. ¿Es a eso a lo que se refiere la oposición cuando dice que hay que defender el valor de la moneda? ¿Debemos aumentar la tasa de interés y tener una política monetaria contractiva con ese fin? ¿Qué opinan al respecto los industriales y el sector agropecuario? ¿Deberíamos también aplicar un ajuste fiscal, con medidas como las aplicadas en 2001, con reducción nominal de salarios y jubilaciones? ¿No hemos aprendido que tales ajustes recesivos no ajustan, sino que generan o agravan las recesiones? ¿Puede existir un Banco Central ‘independiente’ de las políticas de desarrollo económico? La respuesta a cada pregunta implica un modelo de país”.
Desde la misma perspectiva que Calcagno, también Gerardo De Santis, de la Universidad de La Plata, opinó sobre la iniciativa. “La decisión de pagar con reservas resuelve el problema fiscal, ya que libera los recursos presupuestarios destinados a tal punto en el Presupuesto 2010. Teniendo en cuenta este objetivo, la oposición de la ortodoxia se entiende más. No quieren que se utilicen las reservas porque pretenden que se paguen los ve
