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Gran parte de los gobiernos y de las organizaciones internacionales de todo el mundo condenaron ayer la desestabilización institucional que originó la rebelión de la policía ecuatoriana contra el presidente Rafael Correa. La definición de “golpe de Estado” no fue clara en ningún momento y hubo puntos de vista diferentes dentro del mismo gobierno ecuatoriano. No obstante, varios actores de la oposición política aparecieron articulados tras la protesta policial y varias tomas de cuarteles estuvieron perfectamente organizadas. Por ejemplo, el ex presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, pidió disolver el Parlamento y llamar a elecciones presidenciales anticipadas como solución de la crisis.
Los hechos
Una jornada de tensión y no poca confusión se vivió en Ecuador, donde un grupo de policías tomaron el Regimiento Quito de esa fuerza, además de otros cuarteles y aeropuertos en todo el país, en rebeldía con el gobierno de Correa. En Guayaquil decretaron un paro de actividades con movilización y se registraron varios casos de asaltos en bancos y comercios. Los oficiales tomaron el Mercado Central y el número telefónico de emergencia no funcionaba. La situación se caldeó cuando los policías lanzaron piedras a los vehículos oficiales y quemaron neumáticos.
Los levantados argumentan que se reclamaba por beneficios laborales que el gobierno busca modificar mediante una ley que se está analizando en el Parlamento. Por su lado, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, pidió que «no se dejen engañar, pues la ley permite que mejoren sus remuneraciones y una de las preocupaciones de este gobierno ha sido atender las justas demandas y aspiraciones salariales de los servidores públicos».
Máxima tensión
Caminando con dificultad por su reciente operación de la rodilla, Correa intentó explicarles a los uniformados de la delegación de Quito la política oficial de incrementar los salarios en lugar de intentar compensar salarios de miseria con canastas navideñas y bonos. En respuesta, las fuerzas de seguridad le lanzaron gases lacrimógenos, recibió golpes con botellas y fue derivado al hospital metropolitano para ser atendido por una herida cortante en la cabeza.
El gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional y delegó en las Fuerzas Armadas la seguridad interna y externa del país.
Éstas manifestaron su apoyo al gobierno constitucional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envió una carta de respaldo al presidente del país, y declaró que pondría orden en las calles. Por su parte, el general Ernesto González, jefe del Comando Conjunto, llamó a quienes intentaban derrocar el gobierno constitucional a que depusieran su actitud y se preservara el estado de derecho. En una cadena de televisión, el oficial invitó a la policía nacional, a sectores de la sociedad civil y a elementos de la institución armada a deponer su actitud. No obstante, pidió al gobierno que derogue la ley que, supuestamente, causó el intento de asonada.
Enfrentamientos en las calles
Miles de personas se congregaron frente a la sede del gobierno para respaldar al mandatario ante el amotinamiento de la policía. Allí, el canciller, Ricardo Patiño, anunció que hay «personas» que están intentando ingresar por los techos del Hospital Policial «para agredir a Rafael Correa», y convocó a los presentes a «ir juntos a rescatarlo».
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, afirmó que los choques entre policías rebeldes y seguidores del presidente Correa terminaron en la muerte de una persona.
Algunos legisladores oficialistas, que se pusieron al frente de las marchas, no pudieron ingresar al hospital, impedidos por los insubordinados, aunque con bastante esfuerzo lograron entrar al centro de salud algunos de los ministros de Correa.
Anoche, Carvajal señaló que el gobierno dialogará con los insubordinados «apenas depongan la medida de fuerza», que consiste en mantener acordonado el hospital de la Policía, donde está internado el Presidente.
La Unasur se reunió de urgencia en Buenos Aires
La Secretaría General de la Unasur, a cargo de Néstor Kirchner, expresó su «compromiso y la más absoluta solidaridad del bloque regional con el presidente Rafael Correa y convocó a los presidentes de los países miembros a una reunión de urgencia en Buenos Aires.
La cumbre se producía al cierre de esta edición en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, y fue convocada por el propio Correa, ya que Ecuador encabeza la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero, «dadas las circunstancias», se realizará en Buenos Aires, informó el presidente venezolano Hugo Chávez.
El encuentro fue confirmado luego por fuentes oficiales, las que precisaron que durante la jornada tanto la presidenta Cristina Fernández como el secretario de la Unasur, Néstor Kirchner, mantuvieron contacto permanente con todos los mandatarios de la región en medio de una creciente preocupación por la posible alteración del orden constitucional en Ecuador.
