ESCUCHARLa decisión del Gobierno nacional de estatizar el sistema de capitalización a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) generó fuerte polémica no sólo por la sustentabilidad jurídica de la medida sino también por las consecuencias para los aportantes y para la marcha de la administración de la presidenta Cristina Fernández, en el marco de una profunda crisis financiera global.
“Al margen de la lectura sobre la pertinencia o no de un cambio estructural de este tipo y sus justificaciones ideológicas, el punto pasa por la desconfianza que genera una medida como ésta. Desde la presidencia de (Juan) Perón a esta parte, todos los gobiernos echaron mano a los fondos previsionales y nada hace pensar que este gobierno no vaya a hacerlo, más aún luego de haber tomado una medida sin consulta y consenso previo y después de haber instrumentado hace apenas un año y medio un régimen de traspaso del sistema de capitalización al de reparto con apertura cada cinco años”, explicó Tomás Gastón, licenciado en Ciencias Económicas, contador público y, entre otros cargos, profesor titular de la Cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.
En el marco de una creciente discusión sobre el contundente cambio de política previsional dispuesto, Gastón habló con Comercio y Justicia y fijó posición sobre el proyecto oficial.
“Es un tema complejo porque hay muchas finalidades, algunas declaradas y otras entiendo que no. Es cierto que el régimen de capitalización no dio los resultados esperados pero no menos cierto es que esos resultados deberían ser tomados en el largo plazo. No es posible tomar un momento, un año y medio -cuando se desencadenó una fortísima crisis financiera global- para mostrar un resultado y justificar un cambio tan drástico. Y encima, qué casualidad, la medida se toma cuando hay un horizonte próximo de vencimientos por 20 mil millones de dólares. Uno tiende a desconfiar”, dijo.
“Es que si bien los activos deberían ser intangibles, ya desde la época de Perón, todos los gobiernos echaron mano a esos fondos. Creo que de prosperar el proyecto, debería buscarse un mecanismo para asegurar esa intangibilidad o en todo caso para invertir los fondos en activos ajenos a la coyuntura”, opinó el profesional.
¿Qué debería hacerse con los fondos transferidos?
Entiendo que el Gobierno terminará por desprenderse de todos los fondos invertidos en acciones, plazos fijos… al margen de los títulos públicos mediante los que el Gobierno recupera deuda. En un sistema de reparto no se capitalizan los fondos. Se planifica de tal forma que lo que ingresa se transfiere al pago de beneficios.
¿Entonces..?
La Anses debería, por ejemplo, afrontar el pago del retroactivo por la movilidad previsional instituida por la Corte Suprema a partir del caso Badaro. Pero me parece difícil que fondos se vayan a utilizar con ese fin.
