ESCUCHAREl Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia sentó su postura institucional sobre el conflicto entre el campo y el Gobierno, adhiriendo a la posición asumida por pequeños y medianos productores agropecuarios que consideran inconstitucional el decreto que aumenta las retenciones. Lo hizo a través de un dictamen elaborado por el asesor letrado de la institución, Víctor Rostagno, quien, además, es profesor de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Desde el colegio precisaron que el apoyo se hace público en función de la incidencia directa del conflicto en la actividad profesional, la que se experimenta en la disminución de las ventas de departamentos, campos y otros inmuebles cuyos principales clientes son los hombres de campo.
Los puntos centrales del dictamen institucional, que fue elaborado contemplando la óptica del desarrollo sustentable, advierte:
-“El decreto que aumenta las retenciones a la exportación de soja es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo ha asumido atribuciones propias del Congreso y, en segundo lugar, porque cualquier impuesto, gabela o retención, que exceda el 33 por ciento, es inconstitucional”.
-“Corresponde distribuir la riqueza, pero ello debe hacerse para todos los productos agropecuarios por la vía del pago de un canon como insumo por la utilización de recursos naturales como el agua virtual (agua que consume la producción de soja o cereal) y en el caso concreto de la soja, además deberá establecerse un canon por reparación del daño ecológico; en cualquier caso dichos fondos son provinciales, siendo éste el primer paso para una correcta distribución de la riqueza”.
– “Por la vía de la mecánica del desarrollo sostenible, los fondos que se recauden como reparación del daño ecológico y utilización de los recursos naturales debe ser utilizado para sostener el crecimiento de áreas que necesiten desarrollo sostenible. Se sugiere llevar adelante proyectos de viviendas únicas para todos los habitantes del país que no puedan acceder a ella y que perciban menos del mínimo no imponible, a los que se les deberá restituir el IVA inconstitucionalmente cobrado, para aplicarlo a viviendas únicas, con la obligación correlativa de exigirles que todas sus compras sean facturadas, hecho que tendrá un efecto cascada para blanquear la economía, lo que obviamente generará ingresos para el Estado, que superará ampliamente las sumas devueltas por IVA inconstitucionalmente cobrado”.
A través de estos puntos, el colegio profesional apoyó a los pequeños y medianos productores e instó a debatir un modelo de país.
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