ESCUCHAREl Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el 16 de junio último, y acaba de quedar promulgada mediante el decreto 363/2022, publicado en el Boletín Oficial.
En su artículo 1°, la ley 27671 establece «la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré.
En sus lineamientos generales, contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.
La iniciativa busca federalizar la Causa Malvinas invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación.
Derechos Humanos y la Corte
También con respecto al tema Malvinas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se constituya como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa judicial relativa a las torturas que sufrieron soldados durante la Guerra de Malvinas y apoyó la solicitud de la parte demandante para que se consideren los delitos denunciados como de lesa humanidad.
El presidente de APDH, Guillermo Torremare, señaló: «Las torturas, por la crueldad que implican, se encuentran absolutamente prohibidas en todo momento y lugar».
En el mismo sentido, la presentación firmada por la asamblea explica: «El delito de las torturas en la Guerra de Malvinas debe ser investigado y juzgado, no hacerlo implica el riesgo de incurrir en responsabilidad internacional».
Quien Impulsa la causa actualmente el Ministerio Público Fiscal (MPF), con base en múltiples denuncias de soldados víctimas que atestiguaron en el caso.
