ESCUCHAREl oficialismo buscará imponer el proyecto propio, diferente del que se aprobó en el Congreso. El PRO apunta a acompañar la norma nacional. Oposición de CGT. El G6 pide pronto apoyo
La Legislatura provincial debatirá hoy el proyecto de adhesión a la Ley de Riesgos de Trabajo.
Con todo, la iniciativa con más chances de aprobarse, la que apoya el oficialismo, incluye cambios respecto a la norma nacional.
Esas modificaciones, auspiciadas por el Ejecutivo provincial, apuntan a dar mayor preponderancia a las realidades regionales del interior por medio de la inclusión de más comisiones médicas, al tiempo que evita recurrir por vía administrativa a una instancia superior con sede en Buenos Aires.
En tanto, el PRO apuntará a imponer su propio proyecto que busca una adhesión a la ley nacional.
Por su parte, otros legisladores -por ejemplo, José Pihen e Ilda Bustos, de extracción gremial- se oponen al proyecto tal como fue votado en el Congreso nacional.
Mientras tanto, ayer, el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6), consideró “fundamental” la adhesión de la provincia a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo como forma de buscar la “preservación y creación de empleos”.
“Esta ley, sancionada a principios de año, busca corregir las distorsiones del actual sistema de Riesgos del Trabajo que se encuentra en un virtual colapso, tanto por la alta litigiosidad que se generó en torno a los accidentes y enfermedades laborales como así también por la inaceptable demora en resolver los casos en sede judicial”, apuntó la entidad.
Los empresarios señalaron que “con un sistema tal como el actual, tanto los trabajadores como los empleadores quedan totalmente desprotegidos, a expensas de un sistema judicializado en extremo. Estas distorsiones ponen asimismo en peligro el sostenimiento de las fuentes de trabajo y constituyen un obstáculo real al crecimiento del empleo en la provincia de Córdoba”.
En ese marco, apuntaron que la ley nacional “claramente mejora los tiempos de resolución en favor de los trabajadores, reduciendo y haciendo perentorios los plazos para que las Comisiones Médicas emitan su dictamen; establece la gratuidad de las medidas de prueba para el trabajador y reduce significativamente los plazos para efectivizar las indemnizaciones a favor de los trabajadores”, concluyó la entidad empresaria.
