Tras el embargo, el Gobierno denunció una conspiración

Tras la decisión del juez estadounidense Thomas Griesa de embargar cuentas del Banco Central de Argentina (BCRA) en la Reserva Federal, el Gobierno nacional denunció por medio de sus principales funcionarios “una conspiración” contra el canje de deuda con los holdouts y el Fondo del Bicentenario, para obligar al país a pagar tasas más altas.
Poco después del mediodía se conoció ayer un hecho sobre el cual varios sectores alertaron durante los últimos días, incluso el discutido Martín Redrado: la justicia norteamericana hizo lugar al reclamo de los fondos “buitres” que poseen deuda argentina en default y trabó cuentas del Banco Central que estaban en la Reserva Federal.

El embargo preventivo alcanzó a 1,75 millones de dólares, aunque podría haber llegado a 15 millones. Más allá del monto -que no es significativo-, lo relevante fue que se confirmó el peligro que anticiparon economistas y dirigentes de la oposición y que el propio Gobierno comenzó a considerar más seriamente durante los últimos días.

El magistrado actuó por el reclamo de dos fondos buitres, es decir, aquellos grupos de bonistas extranjeros más duros que quedaron fuera del canje de deuda en 2005 y eligieron la vía legal contra Argentina.

A partir del decreto que dio lugar al Fondo del Bicentenario, hoy frenado en la práctica por la Justicia argentina, Griesa consideró que el Banco Central es, en síntesis, “una oficina del Poder Ejecutivo” -como pedían los acreedores-, por lo que les permitió acceder a las reservas para cobrarse.

La respuesta oficial

Tras la difusión de la noticia, el ministro de Economía, Amado Boudou, minimizó el embargo en una conferencia de prensa. “Esperamos salir rápidamente de esta situación. El canje sigue su marcha”, indicó. Interpretó además, al referirse al fallo de Griesa, que “pareciera que hay una conspiración” en contra del Gobierno argentino, que quiere llevar adelante el canje de deuda en cesación de pagos, “para que pague las más altas tasas posibles”.

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“Pareciera que los fondos buitres tienen oficinas y representantes también en Buenos Aires, a veces dentro de los poderes del Estado, que quieren hacer operaciones de endeudamiento a tasas altas”, opinó el funcionario.

Boudou calificó a Griesa como “un embargador serial”, ya que años antes había trabado, con el mismo fin, fondos de la Anses que luego fueron liberados por un tribunal de segunda instancia. Se refirió nuevamente a una “conspiración mafiosa” e incluyó en ésta a “sectores de la justicia, ex funcionarios del gobierno argentino, y a la oposición”, al tiempo que exhortó al vicepresidente, Julio Cobos, a que “juegue su rol y no sea el jefe de facto de la oposición”.

Después de Boudou, la propia presidenta Cristina Fernández se refirió al tema. La mandataria consideró que “es curioso que sectores internos y externos se opongan a la instrumentación del Fondo del Bicentenario, dado que es una forma de ayudar a garantizar a todos los acreedores externos que la Argentina está en condiciones de pagar”, tras lo cual opinó que “los fondos buitres quieren que el país siga tomando deuda”.

“No se entiende que alguien que tiene excedente de reservas pague tasas de 14% o 15%, salvo que uno tenga intereses con esos sectores que han vivido de esa Argentina endeudada”, interpretó Cristina Fernández.

Por últ

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