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“Tras el blanqueo, será necesaria una reforma tributaria para desincentivar la informalidad”

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Juan Cruz Amirante, master en finanzas y Associate Managing Director de Kroll en Argentina considera que el sistema impositivo es poco transparente y las altas tasas de algunos gravámenes fomentan la evasión. También advierte sobre las falencias de algunos reguladores de la economía.

El proyecto del Poder Ejecutivo conocido como “ley ómnibus” -que el jueves pasado logró dictamen de mayoría en el plenario de comisiones para ser tratado el miércoles en la Cámara de Diputados, donde puede obtener media sanción (ver pág. 2A)- contempla la aplicación de una nueva exteriorización de capitales para todos aquellos que tienen dinero sin declarar dentro o fuera del país.

En diálogo con Comercio y Justicia, Juan Cruz Amirante, socio en Argentina de Kroll, consultora de riesgo de cobertura global, explicó los alcances de esta herramienta y anticipó su éxito, aunque advirtió sobre algunos vicios de la economía argentina que determinan que los gobiernos deban recurrir a los blanqueos sucesivamente.

Amirante posee una maestría en Finanzas y se especializa en complejas investigaciones financieras y casos de contabilidad forense para la industria de servicios financieros y otras corporaciones multinacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Colombia. Como tal, ayuda a los clientes a mitigar riesgos, detectar fraude corporativo y asiste a las compañías en el fortalecimiento de sus controles y procedimientos internos para prevenir fraudes. Es uno de profesionales más consultados en la región en materia de prevención de lavado de dinero.

-¿Qué diferencias técnicas tiene este blanqueo respecto de los anteriores?
-La realidad es que ningún blanqueo difiere de los otros. Todos ellos han sido exteriorizaciones de capitales en las que solamente se perdona la evasión impositiva y no hay ningún otro delito precedente relacionado al lavado de activo que se esté condonando.

La diferencia radica en los instrumentos y la multas previstas. El blanqueo del gobierno anterior posibilitaba inversiones en bonos del Estado o cedines para la compra de inmuebles y no tenía ningún tipo de multa. Éste es más genérico, otorga más instrumentos y no obliga al blanqueador a comprar una propiedad, pero sí aplica multas. Esto va más en concordancia con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está recomendando la aplicación de blanqueos en distintos países con la aplicación de multas similares a las que está por aplicar Argentina. La OCDE recomienda esto porque el año que viene se pone en marcha este acuerdo de reciprocidad por medio del cual los más de cien países que han firmado comenzarán a compartir información de los cuentahabientes. Es decir, Brasil deberá informar a Argentina, a la AFIP, de los cuentahabientes argentinos que tienen cuentas en Brasil y no las han declarado en Argentina. A partir de allí, la AFIP hará el filtrado de quienes las declararon y quienes no, y los que no lo hayan hecho deberán dar las explicaciones pertinentes.

-Debido a estos acuerdos y al impulso de la OCDE, ¿se puede suponer que éste será finalmente el último blanqueo?
-No quiero dar esperanzas a quienes tienen dinero “en negro” porque creo que es algo ilícito, pero la realidad indica que los gobiernos van a seguir aplicando este tipo de instrumentos. Mientras haya dinero “en negro” en el mundo, van a seguir dándose este tipo de proyectos de ley que otorguen la posibilidad de exteriorizar capitales. No estoy seguro de que el gobierno de (Mauricio) Macri vuelva a aplicar otro blanqueo. Los funcionarios han dicho que no está en sus planes. Por ello, cuando se implemente en 2017 el intercambio de información entre los países firmantes, a aquellos que no se acogieron al blanqueo se les va a complicar encontrar un refugio para ese dinero sin declarar. Además de los riesgos y procesos administrativos y judiciales que les caben, porque hay que recordar que la evasión impositiva tiene multas importantes y la defraudación impositiva es una figura penal.

-¿Se van cerrando las posibilidades de tener dinero sin declarar?
-Absolutamente. Cada vez hay menos países que mantengan el secreto bancario y que no compartan -dentro de los mecanismos de reciprocidad- información de sus cuentahabientes. El único país grande que todavía no ha firmado pero que evidentemente lo va a hacer es Estados Unidos.

-Sin embargo, esto no cierra la posibilidad de que dentro del país siga habiendo dinero sin declarar…
-En Argentina sigue existiendo dinero debajo del colchón y en las cajas de seguridad donde normalmente y por una cuestión cultural el argentino suele tener dinero sin declarar. Ése es el gran mal de Argentina. Por más que permitan exteriorizar, el problema es cultural y tiene mucho que ver con los reguladores. Debe haber reglas más claras, que no fomenten la informalidad. Porque -de otra manera- se genera una pelota de nieve que cada tanto se achica mediante un blanqueo, pero que comienza a regenerarse cada vez. En los países del primer mundo, la gente no es que paga sus impuestos porque son nacionalistas o les encanta el presidente, lo hacen porque no pueden operar su dinero, no pueden comprar una propiedad, no pueden pagar un café. Todo se hace de manera electrónica y queda registrado. Argentina todavía permite usar ese dinero.

-¿Cuánto de todo esto se debe al sistema tributario argentino?
-Mucho. Tenemos un sistema poco transparente, con tasas muy altas en algunos casos, que fomentan la informalidad. Es evidente que tiene que haber una reforma tributaria después de este blanqueo para no tentar al ciudadano a volver a incidir en la informalidad de la economía. Además, los reguladores todavía no están lo suficientemente alineados para erradicar la informalidad. Hay sujetos obligados -obligados a informar por la ley de lavado de activos- que aún no lo hacen.

-¿Será exitoso este blanqueo?
-Todos los planetas están alineados. Hay confianza a nivel político, el contexto internacional está obligando a exteriorizar el dinero “en negro”, así que creo que éste, por todas estas cuestiones, va a ser exitoso. No creo que llegue a los US$60 mil millones que dicen algunos, pero será superior al del gobierno anterior.

Reguladores

La Unidad de Información Financiera (UIF), que tiene como función prevenir y luchar contra el lavado de dinero y terminar con la financiación del terrorismo, tuvo más de 130.000 reportes de operaciones sospechosas (ROS) en sujetos obligados (bancos, casas de cambio, sociedades de bolsa, escribanos y contadores, entre otros) entre 2010 y 2015. Sin embargo, en el mismo período, sólo se llegó a 178 causas penales.

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