ESCUCHARLos magistrados requirieron datos específicos sobre los criterios para aplicar el nuevo esquema de tarifas. Según se estima, por la feria judicial la decisión podrá conocerse a principios de agosto
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó ayer que el Estado nacional, mediante el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), explique qué parámetros tuvo en cuenta para arribar al aumento de la tarifa del gas, algo que no implica un pronunciamiento específico sobre el fondo de la cuestión bajo análisis.
Ante un pedido de per saltum del Ejecutivo, el Máximo Tribunal requirió además que en el plazo de 10 días el Gobierno informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias según los ingresos del usuario y de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita.
Según se informó, la Corte tomará una decisión relativa a este tema dentro de los próximos 10 días hábiles por lo que, si se tiene en cuenta la inminente feria judicial de invierno, estará expidiéndose en agosto.
Requerimientos
Específicamente, la Corte pidió información sobre «si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de distribución y, en su caso, explique los fundamentos que justificarían esas modificaciones».
Además, solicitó que se explique también “cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la Ley 25.561 (de Emergencia Económica) y, de corresponder, el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio».
Los jueces requirieron además explicaciones sobre «los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las resoluciones» 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería (Minem) y I-3730/2016, del Enargas.
«Aporte al Tribunal fotocopias certificadas de las partes correspondientes de los expedientes administrativos de las que surjan los antecedentes técnicos de dichas resoluciones», consignó el fallo firmado ayer por el presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
De esta manera, el Máximo Tribunal quiere saber «cómo quedaría conformado el esquema tarifario final», con la aplicación de la resolución Minem 99/2016, que estableció topes de 400% y 500% de aumento en las tarifas residenciales y comerciales, respectivamente.
Los magistrados también pidieron al Estado que «explique los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa», y «las razones» del cambio y su «incidencia» sobre el monto final a pagar por el usuario.
«El informe requerido -aclaró la Corte- deberá contemplar cualquier disposición que se dicte con posterioridad» a la decisión tomada esta semana «que tenga incidencia sobre las resoluciones» de Minem y Enargas.
Demandas
El Estado nacional pidió el per saltum ante medidas cautelares dictadas en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad, promovida como demandantes por la asociación Ciudadanos del Sur, de la Provincia de Mendoza.
En este marco, ayer, la Corte, sin abrir juicio sobre la concurrencia de los requisitos que condicionan la admisibilidad del recurso» del Estado nacional, dispuso una serie de medidas que consideró apropiadas para decidir el planteo.
Si aquélla hubiese declarado admisible el per saltum en la jornada del martes, las cautelares dictadas en contra de aumentos del precio del gas hubieran quedado automáticamente suspendidas.
En tanto, mientras la demanda de Ciudadanos del Sur obtuvo una medida cautelar que sólo rige para ese ámbito, la Cámara Federal de La Plata otorgó alcance nacional a un fallo que declaró la nulidad de los aumentos por incumplimiento de la obligatoria audiencia pública. Ese requisito es interpretado, en este caso, como el derivado del principio constitucional que garantiza el derecho a una información adecuada y veraz al usuario.
Este último fallo también fue apelado ayer por el Gobierno nacional mediante un recurso extraordinario federal.
En tanto, según informó la agencia de noticias Télam, en la máxima instancia judicial del país ya hay una demanda por el incremento de tarifas de gas en 2014, causa que no fue resuelta.
Metas fiscales
Por otra parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, aseguró que la inflación está en baja y que el tope de 400% puesto a las tarifas de gas no afecta el cálculo de meta fiscal para este año, que prevé un déficit de 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
«La inflación está bajando, lo verán con los números de los próximos días. Ya en junio hubo una caída importante, para septiembre estará en el orden de dos por ciento y a fin de año en 1,5% (intermensual)», dijo Prat-Gay durante una conferencia de prensa realizada ayer en la Casa de Gobierno.
